En Abengoa no deja de haber sorpresas… En la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado martes, se aprobó un nuevo Consejo de Administración formado sólo por tres miembros: Juan Pablo López-Bravo, que será el nuevo presidente de la compañía; Margarida Aleida S. de la Riva y Jordi Sarriá. Y esto podría facilitar las cosas a Gonzalo Urquijo, que sigue siendo presidente de Abengoa Abenewco 1, la sociedad participada al 100% por Abengoa como sociedad matriz.

El nuevo Consejo representa al 45% de la plataforma de minoritarios, AbengoaShares, y ha dejado fuera a Clemente Fernández, expresidente de Amper y candidato del 55% restante. Se estimaba que uno de los nuevos consejeros dimitiría para darle entrada como presidente e iniciar el desalojo del equipo de Urquijo en Abenewco 1, pero no ha sido así. Y es que se ha elegido como presidente a Juan Pablo López-Bravo, que durante más de 16 años fue director de Banca Corporativa de Barclays España y es uno de los nueve hijos de Gregorio López-Bravo (el que fuera ministro de Industria y más tarde de Asuntos Exteriores en la dictadura franquista y después diputado de Alianza Popular, y miembro supernumerario del Opus Dei que falleció en 1985 en un accidente de avión) y María de los Ángeles Velasco. A él se han sumado Margarida Aleida S. De la Riva, que es brasileña y ha sido jefe de la oficina de Cumplimiento de CitiBank, y Jordi Sarriá, que ha sido director general y CEO de Nexus Energía durante 15 años, entre otros cargos.

Por tanto, el 55% de los minoritarios ha perdido, pero también la propia propuesta de consejeros de la compañía (Francisco Prada Gayoso, Joaquín García-Romanillos Valverde y Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird) y la del exdiputado naranja Marcos de Quinto, que después de que la semana pasada se rechazara un acuerdo en el que había trabajado, se alejó de AbengoaShares. El Banco Santander y la Junta de Andalucía habrán sonreído con esto último, porque no les hacía gracia que sustituyera a Urquijo. Ahora la prioridad es cerrar el plan de reestructuración (denominado Vellocino) antes del 31 de diciembre, que incluye una financiación de 223 millones de euros, que se podrían ampliar a 250 millones, por parte de seis bancos y el ICO. La Junta de Andalucía, al final, no pondrá nada.