• Y la Fiscalía Anticorrupción opina lo mismo.
  • El empeño de UPyD e IU en fustigar a los cajeros de las épocas del PSOE y del PP les sale por la culata.
  • Además, si son los empleados de banca quienes deben responden por posible dolo en la venta de preferentes, se colapsarían los tribunales.
  • Encima, los despachos de abogados alientan el proceso: con el arbitraje no ganan, en los tribunales sí.
  • Mientras, Europa discute, ante futuras crisis bancarias, qué es un ahorrador y qué es un inversor.
  • Y una derivada última: los directivos bancarios se niegan a actuar como operadores en las emisiones de títulos conflictivos: que las firme el presidente.

El juez de las preferentes, el titular del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu (en la imagen), tiene un problema. Ha sentado en el banquillo a los directivos de Bankia pero los peritos reclamados al efecto, incluidos los presentados por uno de los partidos demandantes, UPyD, concluyen en el mismo sentido: las emisiones de preferentes se hicieron conforme a la ley y aprobadas por la CNMV. Los directivos son inocentes.

No sólo eso, el informe pericial reclamado por la propia UPyD de Rosa Díez, dice exactamente eso: nada hay de ilegal en la emisión aunque sí puede haberlo en los directores de sucursal y otros empleados que vendieron un producto de capital, con riesgos, como si fuera un depósito remunerado a plazo fijo. Conclusión, son los bancarios, no los banqueros, quienes han podido actuar dolosamente y a quienes hay que pedir responsabilidades.

La Fiscalía anticorrupción piensa igual y entonces llega el problema: ¿cómo puede un juez multiplicar el número de imputados a todas las redes bancarias Colapsarían la justicia. UPyD e Izquierda Unida han convertido las preferentes en campo de batalla para la lucha política, para enchironar a los representantes de PP y PSOE, por ejemplo, en Bankia. Les ha salido el tiro por la culata.

En definitiva, este es el nudo gordiano del juez Andreu. Encima, los despachos de abogados aconsejan a los damnificados que no acudan al arbitraje sino a los tribunales. Es lógico: en el primer caso no ganan nada, en el segundo hay mucho dinero a repartir. Hay despachos que se anuncian en la prensa económica para conseguir clientes.

Por cierto, una derivada de todo este embrollo es que los directivos bancarios actuales se niegan a firmar emisiones que puedan resultar conflictivas, a actuar, en suma, como apoderados. Con las preferentes se ha demostrado que las aprobaciones de CNMV y Banco de España sirven para bien poco.

Y en el entretanto, en Europa, el lío de las preferentes y subordinadas españolas está sirviendo para marcar a diferencia entre ahorrador e inversor ante las crisis bancarias futuras. Y lo malo para los preferentistas es que se impone el criterio de que el depositante, el ahorrador, aquel por el que el erario público responde, debe ser quien no obtiene rentabilidad de sus fondos. O, al menos, la rentabilidad queda fuera de la esfera de protección pública.

Eulogio López

[email protected]