Hoy, afortunadamente, son muy pocos los políticos y economistas que se atreven a poner en entredicho la prestación pública de servicios como la atención sanitaria y la educación, que no deben quedar a merced de la simple lógica mercantil.
Resuelto este principio, y sin perder de vista la grave situación económica y demográfica por la que está atravesando España, es urgente que la sociedad conozca la verdad de los hechos.
Nuestros gobernantes están obligados a reducir el déficit y fortalecer la independencia de los mecanismos de fiscalización del gasto público. Por otra parte la sociedad debe educarse en un consumo responsable de las prestaciones sociales. Estas medidas, a medio y largo plazo, no evitarán el replanteamiento del sistema, pero sí pueden ayudarnos a gestionar mejor pensando en el futuro.
Pero más allá de estos ajustes, es necesario repensar todo el sistema de bienestar occidental. El Estado debe ser garante y tutor de esas prestaciones, pero debe dar entrada en el sistema a las organizaciones de la sociedad civil, que por vocación y eficacia pueden ofrecer un servicio más eficiente y más humano, descargando además las arcas públicas de un peso insoportable. Para ciertos esquemas ideológicos plantear esto es inaceptable lo sé, sin embargo es una vía clara de futuro: se llama sencillamente subsidiariedad.
Pedro J. Piqueras Ibáñez
