• Aunque él mismo sea otro de los denunciados.
  • El fiscal de Castellón denuncia a los responsables del proyecto, entre ellos Escal, propiedad de ACS.
  • También implica a los que intervinieron en la tramitación, los ministerios de Industria y Medio Ambiente.
  • El ministro tiene la 'espina' clavada: el beneficiado fue Florentino, a quien Industria no acertó a presionar.
  • La indemnización asciende a 1.350 millones, pero al pagarla en 30 años puede llegar a 4.731 millones.

Más suspense para el maltrecho proyecto Castor, el almacén de gas instalado frente a la costa de Castellón. A la chapuza, que no sólo provocó movimientos sísmicos sino que costará a los contribuyentes la friolera de 1.350 millones de euros, se une ahora la denuncia de la fiscalía de Castellón por el modo en que se tramitó la concesión.

Ahora bien, no es difícil pensar que ha sido el propio Ministerio de Industria, que dirige José Manuel Soria (en la imagen), el más interesado en que la denuncia prospere, aunque le metan en el mismo saco. A Soria no le quedó más remedio que aceptar el pago de la millonaria indemnización a Escal UGS, de la que ACS, que preside Florentino Pérez, es principal accionista, con el 66,7%. Los términos en los que se había negociado la explotación del proyecto por el Gobierno Zapatero (era entonces ministro de Industria Miguel Sebastián), así lo determinaban. En otras palabras, fue el Gobierno socialista el que otorgó la concesión con una cláusula que garantizaba la devolución de la inversión en caso de reversión, que es lo que ha pasado. Es cierto, por tanto, que el contrato chapuza lo hizo Zapatero. El Ejecutivo de Rajoy llevó después al Tribunal Supremo el expediente Castor para intentar reducir la indemnización a pagar con dinero público. Pero al perder el caso, no supo presionar a Florentino Pérez como se hace en esos casos y rebajar la factura, sobre todo si tenemos en cuenta que al diferirse el pago en 30 años no puede llegar a costar 4.731 millones.   

Ahora, la fiscalía de Castellón, con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado, acusa a los ministerios de Industria y Medio Ambiente de un presunto delito de prevaricación medioambiental al tramitar la concesión del proyecto. Según la nota de la fiscalía, la acusación se amplía también al Instituto Geológico y Minero y a la constructora Escal. Esta empresa realizaba trabajos en el momento en que se detectaron numerosos movimientos sísmicos.

En el escrito, la fiscalía de Castellón se explica que existen "hechos aparentemente delictivos de los que se ha denominado proyecto Castor" y dirige la denuncia "contra los responsables que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto".

Rafael Esparza

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