• Iberia impugna el laudo de Jaime Montalvo porque les obliga a pagar los mismos salarios que a los pilotos de Iberia.
  • El laudo considera legal la creación de Iberia Express pero ordena cómo deben ser contratados los pilotos.
  • La ministra Pastor se cabrea: ella exigía un final del conflicto rápido.
  • Antonio Vázquez responde que cumplirá el laudo obligatorio pero lo impugnará.
  • Y el SEPLA aprovecha la impugnación para estudiar la convocatoria de nuevas huelgas.

Cuando parecía que el laudo arbitral, de obligado cumplimiento, iba a poner fin a la huelga de los pilotos de Iberia, el asunto se complica. El presidente de International Airlines Group (AIG), Antonio Vázquez (en la imagen), aprovechó la Junta de Accionistas de la entidad, celebrada durante la mañana del jueves en Madrid, para advertir que Iberia iba a impugnar el laudo de obligado cumplimiento dictado por el árbitro, Jaime Montalvo.

De inmediato, se encendieron las alarmas en el Gobierno, cuya titular de Fomento, Ana Pastor, había decretado dicho laudo para terminar de una vez con la huelga salvaje de los pilotos del SEPLA.

El problema es que las conclusiones del laudo se hicieron públicas antes de que los abogados se leyeran la letra pequeña. Porque sí, el árbitro decretaba legal la creación de Iberia Express pero eso no era todo.

Tanto parecía la victoria de Iberia sobre el SEPLA que la compañía anunció que paralizará la demanda por huelga ilegal y abusiva contra el sindicato de pilotos. Sin embargo, cuando los abogados terminaron de leerse la letra pequeña, el asunto cambió. Resulta que el laudo introduce a los pilotos de Iberia Express en el escalafón de Iberia y le dicta a la compañía en qué condiciones debe contratar y cómo debe negociar. En resumen, el asunto estriba en que el coste laboral medio de un piloto de Iberia supera los 200.000 euros mientras la media de los nuevos pilotos de la nueva Iberia Express se sitúa en los 70.000 euros anuales.

Con la impugnación se abre de nuevo la caja de los truenos y habrá que ver si las sutilísimas interpretaciones jurídicas del SEPLA no les lleva a nuevas convocatorias de huelga. En principio, se supone que el laudo se cumplirá por ambas partes pero la impugnación mantiene abierta la puerta del conflicto.

Miriam Prat

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