• Pero deja abierta la puerta a su procesamiento por delitos contra la Hacienda pública o blanqueo de capitales. Es decir, la cuestión no ha terminado.
  • Incluso, el fallo acota aún más los ámbitos en los que puede ser juzgada la infanta.
  • El auto del juez Castro fue considerado por los expertos como una chapuza que adolecía de falta de claridad.
  • El auto niega que la infanta albergase o llegase a alcanzar la creencia de que los contratos suscritos por Nòos pudieran ser considerados delictivos y que su suscripción generase un peligro de malversación.
  • Sólo uno de los tres jueces que han votado en el auto de la Audiencia Provincial  ha mostrado su disconformidad con el mismo y considera pertinente mantener la imputación.
  • El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha celebrado la decisión de la Audiencia: "Es bueno para todos y para una institución tan importante como la Corona".

 

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha dejado sin efecto la imputación de la Infanta Cristina, solicitada por el juez José Castro, quien instruye la causa del caso Nóos.



Se trata de un varapalo al juez, contra cuya decisión interpusieron recurso la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la propia Infanta Cristina por medio de sus abogados, Miquel Roca y Jesús María Silva, y el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y hasta el secretario de la Infanta, Carlos García Revenga formulando oposición al recurso de la acusación popular ejercitada por el sindicato de funcionarios Manos Limpias. En el auto dictado se argumenta la "inexistencia de indicios racionales de criminalidad que permitan sostener, con fundamento, las imputaciones que se contienen en el auto apelado".



Así, a juicio de la fiscalía y de la defensa de los apelanes, "no puede construirse la imputación de la Infanta Doña Cristina de Borbón y Grecia, sobre la circunstancia de que la misma figurase en un folleto alusivo a que participaba como vocal de la Asociación Instituto Nóos de Investigaciones Aplicadas."



Ni tampoco porque formase parte de la Junta Directiva de dicho Instituto, "por cuanto lo relevante a efectos de la imputación es que Doña Cristina de Borbón y Grecia no participaba ni directa ni indirectamente, en la toma de decisiones del Instituto Nóos, ni intervino en su gestión, ni en los contratos de colaboración que firmó el citado Instituto con entidades públicas (Fundación Illes Balears-Ibatur y CACSA y FVTB)."

El auto, que ha sido votado por dos de los tres jueces de la sala, ya que sólo el magistrado Juan Jiménez se ha mostrado a favor de mantener la imputación, deja abierta la posibilidad de imputar a la infanta por "posible delito contra la hacienda pública y/o blanqueo de capitales", una vez que el juez reciba toda la información de la Agencia Tributaria.



El auto señala que "ciertamente, estamos seguros de que la Infanta era conocedora y sabía que el Instituto Nóos suscribía contratos con las Administraciones Públicas y en concreto que organizó los eventos Illes Balears Forum y Valencia Summit beneficiándose de ello con ingresos por patrocinio y por subvenciones, mas de lo que no hay indicios fundados ni se puede concluir es que la Infanta albergase o llegase a alcanzar la creencia de que dichos contratos pudieran ser considerados delictivos y que su suscripción generase un peligro de malversación."

Castro había citado a declarar a la infanta el pasado día 27 de abril, y su comparecencia fue suspendida por el propio juez Castro en espera de un pronunciamiento de la Audiencia Provincial. Las causas de la imputación de la infanta no estaban claras y, para muchos observadores, su redacción confusa y los argumentos formulados lo convertían en fácilmente impugnable. No se entendía claramente por qué se había imputado a la infanta. 



En el auto de la Audiencia Provincial se expone que no es un indicio fundado de criminalidad la renuncia de la infanta -así como la de su secretario personal- de sus cargos en el Instituto Nòos, aconsejada por José Manuel Romero, Conde de Fontao, asesor de Casa Real. en el año 2006. 



La redacción del auto de la Audiencia Provincial no implica lugar a dudas. La Infanta puede ser imputada de nuevo si el Juez Castro reune pruebas: "concluimos que el juicio de imputación que realiza el auto apelado no permite razonablemente sostener en este momento, sin perjuicio de lo que luego se dirá respecto de los delitos contra la hacienda pública y tal vez de blanqueo de capitales, las interinas  acusaciones que el mismo contiene en contra de la Infanta apelante respecto de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos (e incluso receptación), que constituyen el grueso de las conductas delictivas que se atribuyen presuntamente cometidas por el marido de la Infanta y su socio."

Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, ha celebrado el auto: "Es bueno para todos y para una institución tan importante como la Monarquía", ha dicho.

Sara Olivo

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