Livia Tossici-Bolt: "Las autoridades han actuado para intimidarme y expulsarme"
El pasado 25 de septiembre, Hispanidad informó de que, en Reino Unido, la justicia retiró los cargos que pesaban contra Isabel Vaughan-Spruce, una mujer que había sido detenida el 6 de diciembre del año 2022 por rezar delante de un abortorio.
La noticia supuso una victoria para la libertad de expresión y la libertad de manifestar las propias creencias, ambas se le presuponen a un país como el Reino Unido, supuestamente desarrollado y civilizado...
Pero no: resulta que en Reino Unido sigue vigente una ley que prohíbe expresarse (ya sea a favor o en contra) cerca de este tipo de establecimientos abortistas. En concreto, prohíben traspasar lo que ellos denominan 'zonas de contención'.
Y por culpa de esa ley injusta, en Reino Unido se ha producido un nuevo caso que pisotea los derechos y libertades más elementales cuando las fuerzas del orden impidieron a una mujer, de nombre Livia Tossici-Bolt (63 años), rezar y sostener un cartel en el que ponía: “¿Embarazada? ¿Necesitas ayuda?”, informa Aciprensa.
Y eso que la mujer alega que se encontraba fuera de esa 'zona de contención'.
El momento puede verse en este vídeo:
Después, Livia Tossici-Bolt declaró: “He dedicado mi tiempo a apoyar a mujeres con embarazos en crisis durante muchos años, compartiendo información sobre el apoyo disponible en caso de que decidan quedarse con sus bebés. Así es como se ve la verdadera elección para las mujeres. Al implementar una ‘zona de contención’ de censura, las autoridades me han disuadido de ofrecer esa ayuda donde más se necesita, cerca del centro de abortos”. “Pero incluso ahora, cuando estuve fuera de los límites de la zona de censura, las autoridades han actuado para intimidarme y expulsarme, simplemente por orar y ofrecer ayuda. No está bien que se les permita hacer esto, únicamente porque no están de acuerdo con mis creencias pacíficamente expresadas”.
Lo dicho: en Reino Unido, la libertad de expresión y la libertad de manifestar las propias creencias están siendo reprimidas por los poderes públicos (al igual que en España, por cierto, donde el Gobierno socialista-comunista de la anterior legislatura prohibió algo similar…).