El Gobierno ha querido presentar su plan de regularización extraordinaria de inmigrantes como una respuesta humanitaria, pragmática y ajustada a la realidad. Pero bajo esa presentación benévola se adivina una verdad menos amable: la constatación de que el Estado ha sido incapaz de sostener una política migratoria seria y de que ahora pretende corregir ese fracaso debilitando todavía más la autoridad de la ley.
No se trata de negar la dimensión humana de la inmigración. Toda sociedad digna sabe que detrás de cada expediente hay vidas concretas, necesidades reales y aspiraciones legítimas. Pero precisamente por eso una política migratoria no puede descansar sobre la improvisación ni sobre la conversión de lo excepcional en norma. El deber de un Gobierno no consiste solo en exhibir compasión sino en actuar con justicia, previsión y responsabilidad. Y una regularización extraordinaria de gran alcance plantea interrogantes demasiado serios como para despacharlos con retórica sentimental. Interrogantes de los que algunos ya han desaparecido para convertirse en certezas, ante el caos producido y la indignación de los propios interesados frente a un gobierno compulsivo e irracional.
La primera cuestión afecta a la propia idea de legalidad. Un país que establece reglas de entrada, permanencia e integración, pero termina transmitiendo que la irregularidad prolongada puede desembocar en premio, introduce una grave confusión jurídica y moral. La ley deja entonces de ser el cauce común de convivencia para convertirse en una referencia flexible, sometida a la presión política del momento. Eso erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones y lanza un mensaje profundamente desmoralizador a quienes sí han procurado hacer las cosas conforme al procedimiento. Porque conviene no olvidar a esos otros inmigrantes: los que esperaron, reunieron documentos, acreditaron requisitos, soportaron trámites interminables y aceptaron las exigencias del sistema con la esperanza de que respetar la norma tendría algún valor. ¿Qué se les dice ahora? Que el cumplimiento puede resultar menos eficaz que la permanencia irregular. Que el hecho consumado acaba imponiéndose a la vía legal. Y que el Estado, lejos de premiar la conducta cívica, termina relativizando su sentido.
Por eso este debate no puede reducirse a una simplista contraposición entre sensibilidad e insensibilidad. No estamos solo ante una cuestión asistencial. Estamos ante una cuestión de Estado. La inmigración exige humanidad, sin duda, pero también orden. Exige integración, desde luego, pero también límites claros. Exige acogida, sí, pero compatible con la capacidad material del país, con la cohesión social y con el respeto estricto del marco jurídico.
El Estado ha sido incapaz de sostener una política migratoria seria y de que ahora pretende corregir ese fracaso debilitando todavía más la autoridad de la ley
Aparece entonces una segunda cuestión, no menos delicada: la de la capacidad real de gestión. Una regularización de esta naturaleza no consiste en extender documentos de manera mecánica. Obliga a verificar identidades, fechas de permanencia, situaciones familiares, antecedentes, vínculos laborales y condiciones de arraigo. Requiere medios, coordinación administrativa y una capacidad de respuesta sostenida. Todo ello en un país cuya administración arrastra retrasos crónicos y cuyos servicios públicos operan en muchos lugares superados por la imprevisión.
La pregunta es por tanto inevitable. ¿Dónde está la planificación completa de esta medida? ¿Dónde están los cálculos serios sobre vivienda, atención sanitaria, escolarización, empleo, capacidad municipal y recursos administrativos? ¿Dónde se ha explicado de qué modo se absorberá su impacto sin trasladar nuevas tensiones a comunidades autónomas y ayuntamientos? En una materia tan sensible no basta con invocar la palabra integración. Gobernar exige prever consecuencias, ordenar prioridades y asumir responsabilidades.
Hay además un tercer aspecto que tampoco debería quedar excluido del debate por reflejo ideológico: el efecto de señal. No hace falta exagerar para reconocer una evidencia elemental. Las decisiones de un Estado son observadas dentro y fuera de sus fronteras. Cuando una nación comunica que la permanencia irregular puede desembocar con el tiempo, en una regularización extraordinaria, genera expectativas. Y donde hay expectativas, hay incentivos. Negarlo no revela altura moral sino escasa voluntad de mirar la realidad de frente. Hay claramente un efecto llamada que provocará nuevas crisis sin duda alguna.
No estamos solo ante una cuestión asistencial. Estamos ante una cuestión de Estado. La inmigración exige humanidad, sin duda, pero también orden
Lo más preocupante es que el Gobierno parece dispuesto a clausurar de antemano toda crítica seria a la medida, como si cualquier objeción jurídica, económica o institucional equivaliera a una falta de humanidad. Ese planteamiento empobrece el debate público. En una democracia madura, una decisión de esta magnitud debería poder discutirse con serenidad, con datos y con sentido de Estado. No a través de simplificaciones morales que convierten al discrepante en sospechoso y al poder en intérprete exclusivo del bien.
España necesita una política migratoria que combine dignidad y firmeza. Necesita procedimientos ordinarios eficaces, control fronterizo real, cooperación internacional, combate contra las mafias de tráfico de personas y reglas de integración comprensibles y estables. Lo que no necesita es recurrir una vez más a soluciones extraordinarias que transmiten la impresión de que el Estado llega tarde a todo y de que cuando finalmente actúa, lo hace desdibujando sus propias normas.
La regularización extraordinaria puede presentarse como una salida práctica a un problema enquistado. Pero una lectura más honesta obliga a decir algo mucho más incómodo: estamos ante una utilización política de la inmigración al servicio de un poder que ya no gobierna pensando en el interés general, sino en su propia conveniencia ideológica, parlamentaria y electoral. No se afrontan las causas del desorden; se administran sus consecuencias. No se restablece la autoridad del Estado; se la sacrifica en beneficio de una operación de imagen. No se busca una solución estable para España, sino una nueva maniobra de poder revestida de superioridad moral.
Estamos ante una utilización política de la inmigración al servicio de un poder que ya no gobierna pensando en el interés general, sino en su propia conveniencia ideológica, parlamentaria y electoral
Y ahí reside la verdadera gravedad del asunto. Si un Gobierno manipula una cuestión tan sensible para consolidar su posición, para alimentar sus redes de influencia, para fabricar legitimidad propagandística o para desviar la atención de sus propias responsabilidades, ya no estamos solo ante una política discutible. Estamos ante un abuso de poder. Y frente a eso la sociedad no debería resignarse. España tiene derecho a exigir leyes que se cumplan, fronteras que se controlen, procedimientos que se respeten y gobernantes que no conviertan el Estado en instrumento de sus intereses espurios. Aceptarlo con indiferencia, disimularlo con palabras piadosas o asumirlo como una fatalidad sería contribuir al deterioro. Y los pueblos que se acostumbran al abuso terminan pagando siempre un precio mucho más alto que el de su silencio inicial.
En poco tiempo, veremos las consecuencias de todo orden que se derivan de la falta de racionalización en la regularización de inmigrantes, subordinada al sectarismo y a oscuros intereses.
