Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para Begoña Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. La acusación particular, ejercida por Hazte Oír, pide 24 años de cárcel para la mujer del presidente. Begoña Gómez también aparece en el rescate de Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia por el Covid (noviembre de 2020), que ascendió a unos 475 millones de euros, rescate en el que también pudieron haberse cometido ilegalidades, sobre todo tras las reuniones del empresario Javier Hidalgo con la propia esposa del presidente del Gobierno. 

Pero la defensa de la mujer del presidente está tratando de retrasar lo más posible este caso, y ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid más tiempo para pedir nuevas diligencias que podrían --en su opinión-- alterar la importancia de los indicios contra su clienta. Y hoy se ha conocido un nuevo intento de Begoña por retrasar la causa: ha pedido al juez Peinado que paralice la causa hasta que se resuelva su recurso contra el jurado popular...

A ver cómo responde Peinado, pero seguramente su paciencia se encuentre al límite...

2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia-- ha aceptado su instrucción, decretando el secreto del sumario. Sobre Plus Ultra se sospecha que, presuntamente, era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es".

En relación a este causa, El Mundo publica hoy que Julio Martínez Martínez tiene escondidos en Miami casi un millón de euros en cuentas bancarias activas que no habían sido localizados hasta ahora por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional. 

El juez de este caso, el juez Calama, va a prorrogar un mes más el secreto de esta causa que investiga a Plus Ultra, tras haberlo hecho ya en dos ocasiones anteriormente, informa Libertad Digital. 

Y, a la vez, según OK Diario, el juez Calama ha permitido a Julio Martínez Martínez viajar fuera de España y no ir a firmar al juzgado, tras modificar las cautelares que pesaban sobre él. 

3.-Caso PSOE: el juez del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga si el Partido Socialista se financió ilegalmente. Santos Cerdán y Pedro Sánchez lo han negado "rotundamente". Pero el juez Moreno ha abierto pieza separada, y secreta, sobre los pagos en metálico aportados por el PSOE, dada la "gravedad" de los hechos. La investigación está bajo secreto de sumario. El pasado 12 de marzo, el empresario Víctor de Aldama entregó en secreto al juez un sobre que contendría pruebas de la presunta financiación ilegal del PSOE. 

En relación a este caso, Libertad Digital publica hoy que un audio enviado por Víctor de Aldama al Tribunal Supremo revela parte de la trama de presunta corrupción socialista en materia de obras públicas, pero ubicados en Marruecos.

Con todas estas informaciones, no es de extrañar este dato ofrecido por VozPopuli:

4.-Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, Antonio Piña; y el del Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que  fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018.

Hoy, en la comisión de investigación del Parlamento foral que investiga la adjudicación de obra pública en Navarra relacionada con la empresa Servinabar ha declarado la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, quien ha señalado que "no voy a asumir responsabilidades políticas por algo que no ha ocurrido", es decir, supuesta corrupción en la adjudicación de las obras de los túneles de Belate. Chivite ha añadido: "Este Gobierno no da cosas", "hay mesas de contratación conformadas por personas técnicas, no por directores generales, como era anteriormente con sus gobiernos, que adjudican, y adjudican en un procedimiento absolutamente reglado". "Todos los miembros de esa mesa de contratación han pasado por este Parlamento y han dicho que no recibieron instrucciones de nadie".