La política española atraviesa uno de esos momentos en los que el ruido mediático oculta el verdadero objetivo del poder. En la superficie es evidente el enfrentamiento entre partidos, líderes y bloques ideológicos. Pero, bajo esa capa visible, el juego político se desarrolla en galerías subterráneas donde las estrategias son más frías, más calculadas y, sobre todo, más reveladoras de lo que realmente está en disputa.

En ese escenario operan tres protagonistas principales: PSOE, PP y Vox. A simple vista representan tres proyectos distintos. Sin embargo, lo que hay no es simplemente una competición a tres bandas, sino un conflicto estructural entre dos modelos: el bipartidismo tradicional -la socialdemocracia de PP/PSOE- y una fuerza identitaria que aspira a romper ese equilibrio.

Las urnas están transmitiendo un mensaje claro: la sociedad española desea un cambio de signo político y mira hacia la derecha como alternativa al actual ciclo gubernamental. Sin embargo, el interrogante decisivo no es si habrá o no cambio, sino qué tipo de derecha desean los votantes que gobierne.

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo intenta proyectarse como una opción moderada, europea y previsible. Su estrategia pasa por presentarse como garante de estabilidad institucional y fiabilidad internacional. Pero cada vez más votantes ven que en la práctica, significa asumir buena parte de las políticas de Bruselas: una agenda climática, regulatoria y cultural que, para muchos votantes conservadores e incluso progresistas, resulta indistinguible.

Porque el votante observa y ve que en cuestiones como la inmigración, la seguridad o la presión fiscal, el PP mantiene una postura prudente, cuando no abiertamente tibia. Otro aspecto que preocupa, y no a poca gente, es que en su discurso económico rara vez se traduce en una reducción sustancial del gasto público o del tamaño del aparato estatal, lo que resulta imprescindible para las arcas del estado: adelgazar la deuda pública y rebajar la presión fiscal, amén de retirar las aportaciones a partidos, sindicatos y los llamados chiringuitos ideológicos.

Vox ha logrado capitalizar un sentimiento creciente de desafección política. Su narrativa se articula en torno a lo que denomina “sentido común”, una fórmula que conecta con la experiencia cotidiana de miles de ciudadanos: inseguridad en barrios concretos, saturación administrativa, presión fiscal creciente o la percepción de que determinadas agendas ideológicas se imponen desde arriba sin debate real…

Vox se presenta como la alternativa al bipartidismo, con un discurso que señala al PSOE y PP, que escenifican enfrentamientos constantes en la política nacional, mientras que ambos coinciden con frecuencia en el ámbito europeo votando políticas que luego condicionan la acción de los gobiernos en España.

Mientras tanto, el PSOE vive un momento de desgaste constante. Las encuestas y la dinámica electoral apuntan a un retroceso progresivo del partido que dirige Pedro Sánchez. Este fenómeno revela hasta qué punto el eje tradicional izquierda-derecha está siendo parcialmente sustituido por otro tipo de divisiones políticas, que básicamente se reduce a globalismo frente a soberanía.

Es decir, que no se trata tanto de una guerra entre tres partidos como de un enfrentamiento entre dos lógicas de poder. Por un lado, el bipartidismo institucional, representado por PSOE y PP, que durante décadas ha estructurado el sistema político español y que, pese a sus enfrentamientos, comparte ciertos consensos básicos sobre el marco político europeo, ideológico cultural y económico. Por otro, una fuerza disruptiva —Vox— que cuestiona algunos de esos consensos y que pretende redefinir el terreno del debate político, de país y cultural.

Esta tensión explica muchas de las maniobras recientes, y surgen propuestas de acuerdos programáticos que, en apariencia, buscan establecer bases comunes para una futura cooperación. Sobre el papel, esos puntos de negociación parecen razonables: estabilidad institucional, reformas económicas, defensa de determinadas políticas nacionales… Pero cuando se examina el ofrecimiento, aparece la llamada “letra pequeña” y descubrimos que algunos de esos planteamientos comprometen la capacidad de Vox para negociar políticamente durante la legislatura. Especialmente en un aspecto crucial: los presupuestos generales del Estado o en las Comunidades.

“El acuerdo PP-Vox será inevitable, porque ninguno de los dos partidos puede alcanzar el gobierno sin el otro. Pero, ¿en qué condiciones se producirá ese entendimiento?”

Ya se sabe que, en cualquier sistema parlamentario, el control presupuestario es una herramienta de poder fundamental y quien puede bloquear los presupuestos posee una palanca decisiva para influir en el rumbo de un gobierno.

Desde la perspectiva del PP, esta estrategia busca garantizar estabilidad. Desde la perspectiva de Vox, puede interpretarse como un intento de neutralizar su principal instrumento político y se vuelve inevitablemente una negociación asimétrica.

Mientras tanto, el PSOE observa este proceso con una mezcla de resignación y cálculo. Pedro Sánchez parece asumir que las posibilidades de mantener el gobierno se reducen con el paso del tiempo. Pero también sabe que la fragmentación y la tensión dentro del bloque de la derecha pueden convertirse en su mejor aliado.

Lo que se presenta ante los votantes como gestos de responsabilidad o de firmeza estratégica forma parte, en realidad, de un juego mucho más complejo de equilibrios y presiones. La pregunta decisiva no es si habrá acuerdo entre PP y Vox. Todo indica que, llegado el momento, ese acuerdo será inevitable, porque ninguno de los dos partidos puede alcanzar el gobierno sin el otro. Pero, ¿en qué condiciones se producirá ese entendimiento?

Si el Partido Popular aspira a gobernar en solitario, necesitará una mayoría que hoy parece difícil de alcanzar. Si opta por una coalición formal, deberá asumir concesiones políticas claras. Y si intenta una fórmula intermedia —apoyo parlamentario sin integración en el gobierno— tendrá que gestionar una relación compleja y potencialmente inestable, lo que le llevará a dar una sensación frágil, cuando no débil.

Quemados (Almuzara), de Fernando Jáuregui. Este libro nace del cansancio profundo de un país que funciona a base de improvisaciones, consignas y silencios cómplices. Retrata a una sociedad agotada: autónomos exprimidos, jóvenes sin futuro, mayores relegados y ciudadanos que cumplen pero no cuentan. No defiende a ningún partido y critica a todos. Es el diagnóstico de una democracia fatigada, gestionada por élites protegidas, donde el mayor triunfo del sistema no es el abuso, sino la resignación colectiva.

Libertad y ética pública (Sekotia), de Aniceto Masferrer. Inspirándose en la advertencia de Bertrand Russell contra creer solo lo que nos conviene, este libro reflexiona sobre la relación entre libertad, ética y Derecho en una sociedad democrática. Aniceto Masferrer sostiene que la libertad exige buscar la verdad, pensar con autonomía y dialogar con quien discrepa. A través de ejemplos cotidianos, invita a ejercitar el pensamiento crítico y a defender una cultura del diálogo que proteja la justicia y la dignidad de todos.

Ser conservador es el nuevo punk (La esfera de los libros), de Rodrigo Gómez Loren. Diversas voces advierten que Europa y Occidente atraviesan una crisis de identidad: una civilización desorientada que ha sustituido comunidad y tradición por individualismo y consumismo. En este contexto, ideas antes comunes —familia, arraigo local o trascendencia— hoy son cuestionadas. Un grupo de jóvenes autores vinculados a “Revista Centinela” reivindica el conservadurismo como impulso cultural: recuperar lo valioso del pasado para resistir la deriva y proponer una alternativa intelectual para el futuro.