Ya lo dijo el otro día Yurena, la okupa a largo plazo: "Hay gente que está dispuesta a pagar una casa con su dinero, pero a mí me salió así", y es que 'La vida está mu mala'. Pobres okupas, vulnerables siempre, no pagan vivienda, pero tienen que sacar dinero para sus cosas.
Por eso la inquokupa de Joaquim Álvarez, un hombre casado y con tres hijos, ha convertido la vivienda que okupa en un piso de alquiler turístico. El propietario puso la casa en alquiler en 2019 ante las dificultades para pagar la hipoteca, una vivienda sutiada en Gaudi Reus Golf Club, el antiguo club de golf Aigüesverds, según ha contado él mismo en RAC1.
Álvarez junto con su familia se fue a vivir a una masía de unos amigos y alquilaron su casa a otra familia, también con tres hijos, por un plazo de tres años. Al cumplirse el primer año empezaron los problemas, porque "cada vez pagaban más tarde" hasta que "a principios de 2021 dijeron que no podía pagar". Le comunicaron todo tipo de excusas: desde el Covid hasta una crisis matrimonial.
El propietario decidió no renovarles el contrato, que acababa en julio de 2022, pero los inquilinos se negaron a marcharse: "Hace más de tres años que no cobro", pero debe seguir pagando la hipoteca, todo mientras los okupas disfrutan de una vida de lujo: "Se hicieron socios del club de golf este verano, iban a la piscina, comían en el restaurante… uno de los hijos hacía clases de golf".
La desesperación aumentó cuando los inquiokupas decidieron colgar un anuncio en una web de pisos turísticos ofreciéndola para el alquiler vacacional. Es más, son buenos anfitriones y la casa cuenta con numerosas reseñas en la web.
Pero claro, la vivienda no tiene los permisos para ser vivienda turística, por lo que la Angencia Tributaria ha sancionado al propietario con una multa de 5.000 euros, y le retiene 500 euros de la nómina desde hace tres meses.
Los okupas alegan que con ellos vive uno de sus padres, de avanzada edad, lo que les convierte en vulnerables y por tanto imposibilita que les echen. En 2024, el propietario interpuso una segunda demanda de desahucio por impago y reclamación de rentas, pero el procedimiento está parado. El certificado de vulnerables se lo concedió el Ayuntamiento de Reus basándose en los ingresos declarados por uno de los okupas.
Esto provocó que Àngels Granados, jefa del servicio de Bienestar en el consistorio, tuviera que dar explicaciones, asegurando que no tienen ni las capacidades ni las competencias para valorar si los datos económicos presentados son falsos o están incompletos. "No somos inspectores de Hacienda, policías ni jueces". Y se quedó tan ancha.
