La Comunidad de Madrid ha superado el millar de llamadas atendidas (1.098) en el teléfono antiokupación activado por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de julio ante la proliferación de usurpaciones de viviendas. Los avisos son respondidos por policías especializados en este tipo de delitos e integrados en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid, dependientes de la Consejería de Interior. Decíamos en Hispanidad que Díaz Ayuso se ha propuesto luchar contra la okupación con herramientas como el teléfono regional antiokupa, que presta atención inmediata durante las 24 horas del día a los propietarios de los inmuebles afectados por este fenómeno a través del teléfono 900 205 112. Llamando se pueden conocer los aspectos jurídicos de la ocupación ilegal de una vivienda, además de la forma en la que pueden defender su propiedad en caso de ocupación. Además, se les informa de recursos públicos de la Administración autonómica para hacer frente a esta práctica delictiva contra la propiedad privada. Vamos, justamente lo contrario que las oficinas que han proliferado en España para asesorar... a los okupas sobre cómo ejercer su papel. 

Volviendo a la oficina de Madrid: de las mil llamadas que ha recibido el teléfono antiokupa de la Comunidad de Madrid, el 40% corresponde a propietarios de las viviendas o por terceras personas afectadas por una okupación, mientras que un 13% está vinculado a problemas relacionados con inquilinos que han dejado de pagar el alquiler a sus propietarios. Muchos de estos casos se refieren a hechos ya judicializados, en los que el titular lo que busca es que se agilicen los trámites de resolución.

El 47% de llamadas restantes se divide en consultas cuyo objetivo es recopilar información, comunicaciones efectuadas por asociaciones, entidades o profesionales de la abogacía, incursos en procesos judiciales relacionados con este delito, verificación de números de teléfono u otros tipos de trámites administrativos.

Tal como publica El Mundo, desde su implantación han sido varios los casos de ocupación in fraganti resueltos con éxito gracias al envío al lugar de efectivos policiales que han evitado la comisión del delito o que han logrado desalojar a los infractores. Cuando el delito es flagrante o reciente, se puede expulsar a los okupas, aunque el Ministerio del Interior no establece ningún plazo legal de 24 o 48 horas para devolver el piso a su dueño.

Madrid es la segunda provincia de España con más okupaciones en los primeros seis meses de 2022, con 813 casos. Barcelona triplica la cifra con 2.838, pero Ada Colau sigue poniéndo como ejemplo de destino de vacaciones a la Ciudad Condal.