Decíamos en Hispanidad que en su día se celebró en Parla (Madrid) una manifestación a favor del uso del velo islámico en las aulas: "¡Que prohíban la religión católica!".

La manifestación, liderada por el Sindicato de Estudiantes -con Coral Latorre (30 años), a la cabeza- vinculado a la izquierda, usaba consignas como "¡señor director, respeta mi fe, respeta mi elección!", "¡no al racismo!".

A este respecto, recogimos también en Hispanidad el caso de dos españolas perseguidas en España: Elena Ramallo y Sonia Sierra, contra el velo islámico en las escuelas: "El hiyab significa que la mujer es impura y que tiene que ir tapada de arriba abajo, para no provocar a los hombres"

Si aceptamos esto en nuestro país, "¿qué pasa con las que no nos tapamos? Que sí somos susceptibles de ser agredidas sexualmente". Sierra recuerda las cifras oficiales: "El 52% de las violaciones son perpetradas por personas de origen extranjero".

La noticia ahora es que una de ellas, Elena Ramallo, ha sido vetada en la Asamblea de Madrid, cuando Vox propuso su intervención en una ponencia en la Cámara regional. La decisión ha provocado acusaciones de «censura ideológica» por parte de Vox, partido que había solicitado su intervención para abordar el uso del hiyab y el burka en espacios educativos y públicos.

Ramallo, doctora en Derecho y conocida por impulsar una propuesta legislativa para restringir el uso de símbolos religiosos como el hiyab en colegios y el burka en lugares públicos, no podrá exponer su planteamiento ante la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades. La Mesa de la Asamblea, controlada por el Partido Popular, desestimó la comparecencia alegando una «falta de precisión en el objeto» de la solicitud. Señora Ayuso, el objeto de la solicitud es evitar el avance de la islamización en España, como está ocurriendo en las aulas de regiones como Cataluña o Andalucía.

La propia profesora considera lo lo sucedido como un acto de exclusión personal y política: «El Ministerio de Educación no puede mirar hacia otro lado mientras traslada a directores y docentes una responsabilidad social tan delicada sin una ley clara que los respalde», argumenta. Recuerda que en 2013 el Tribunal Supremo respaldó la decisión de un instituto madrileño de impedir la entrada a clase de una alumna que llevaba hiyab, marcando un precedente legal que sigue vigente pero sin concreción normativa.

Además, la profesora denuncia que no es la primera vez que se le impide participar en foros institucionales. Según relata, ya fue apartada de una intervención prevista en el Congreso de los Diputados en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tras unas declaraciones en las que cuestionaba algunos puntos de la ley trans.