El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ultima el dictamen preceptivo solicitado por el Gobierno de la reforma legal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y está previsto que se vote en el mes de junio. 

Recuerden que allá por el 2020, momento álgido de la pandema, con nocturnidad y alevosía el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de una nueva Ley Orgánica de Enjuiciamento Criminal. Con esa nueva ley, el Gobierno pretende que las instrucciones penales pasen a ser competencia directa de los fiscales, en vez de los jueces, politizando, aún más la justicia. Se crearía la figura del fiscal investigador, quien tendría competencias que ahora tienen los jueces instructores, pudiendo practicar diligencias. 

Ahora se ha podido conocer parte de ese dictamen, los jueces consideran “inviable” que los fiscales pasen a ser instructores y estarían dispuestos a tachar de “involución” el anteproyecto de ley, justificándolo en la “indefensión que genera” el cambio. 

Y razón no les falta a los jueces, la judicatura aún no está del todo controlada por Moncloa, pero no se puede decir lo mismo de la Fiscalía, donde el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, salta de polémica en polémica, siempre en defensa del Gobierno. Además, los riesgos del cambio pueden verse muy claros en dos casos actualmente activos en los tribunales: el de la pareja de Ayuso y el de Begoña Gómez. En el caso de la presidenta regional, la Fiscalía no veía recorrido ni en la demanda de su pareja ni en la del Colegio de Abogados, sin embargo el juez ve indicios de delito y ha continuado con al investigación para intentar esclarecer quién filtró datos personales de un ciudadano anónimo y si eso puede llegar a ser un delito. En el caso de la esposa del presidente, la Fiscalía considera a Begoña como intachable, pero el juez ha escuchado las acusaciones y ha decidido que es algo digno de investigación. 

Si la ley que pretende aprobar Bolaños estuviera ya en marcha, el novio de Ayuso habría caído en las más pura indefensión y la esposa de Sánchez habría sido declarada inocente sin que nadie pudiera rechistar.