España vive un momento de esquizofrenia económica: nunca se ha recaudado tanto, nunca se han subido tantos impuestos y, sin embargo, nunca ha parecido tan difícil gastar el dinero de manera eficiente. En este escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sacado de la chistera su última gran apuesta con la creación del “Fondo España Crece". El objetivo -según Moncloa- es extender “el impulso reformista del Plan de Recuperación más allá de 2026”.
Según explicó el jefe del gobierno, el nuevo fondo soberano estará dotado con una base de 10.500 millones de euros de los fondos Next Generation de recuperación por la pandemia, con la intención de movilizar unos 120.000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales.
Hay quienes no encuentran sentido a esta nueva maniobra política, teniendo en cuenta el récord en recaudación, subida impuestos, fondos de cohesión y fondos europeos que no se ha aprovechado del todo para los fines últimos y aplicar las reformas estructurales pendientes que elevara la competitividad de España. En muchos casos no se ha sabido gastar ni el dinero público ni el regalado de Europa para transformar el país desde el estallido de la pandemia y las sucesivas policrisis padecidas.
Según algunas fuentes, se han registrado 141 subidas de impuestos y cotizaciones desde el año 2018. En 2025, la recaudación tributaria en España superó por primera vez la barrera récord de los 325.000 millones de euros. Los gravámenes a la banca y a las energéticas se han convertido en estructurales, sumados a las nuevas tasas sobre el tabaco, los vapeadores y las grandes fortunas entre otras.
A esto se le suma los 163.000 millones de los fondos europeos Next Generation que junto con Italia son los más dotados de la UE. No son pocas las críticas de importantes partidas de la UE sin gastar por falta de proyectos reformistas. Al contrario, sombrea la sospecha de haberse gastado de forma exagerada en administraciones y estamentos públicos dominados por el PSOE en vez de destinarlos al pequeño empresario/autónomo para salir de la debacle del Covid, la Dana, los incendios y otras tragedias derivadas de la guerra en Ucrania, la crisis en OM, realizar la transición eco-digital etc que obligó a muchos a cerrar sus persianas.
Se han registrado 141 subidas de impuestos y cotizaciones desde el año 2018. En 2025, la recaudación tributaria en España superó por primera vez la barrera récord de los 325.000 millones de euros
Ahora con el nuevo "juguete" del Fondo Soberano (SETT / España Crece) se ha anunciado con una épica propia de un emirato petrolero, aunque con una diferencia fundamental y es que España no tiene superávit, sino deuda.
El fondo soberano de Sánchez nace con el anhelo de movilizar hasta 120.000 millones mediante inversión privada y deuda, para centrarse en sectores "estratégicos" como semiconductores, IA, defensa, energía y el sector audiovisual. Su objetivo es que el Estado no sea solo un regulador, sino un co-inversor que tome participaciones en empresas clave (al estilo de la entrada en Telefónica o Indra), lo que augura un mayor intervencionismo a través del SEPI en empresas privadas para maquinar estrategias políticas desde Moncloa.
España que ya tiene un Estado con un tamaño "soviético" en términos de gasto, cada vez nos aproximamos más a aquellas economías centralizadas en el antiguo COMECON del este europeo con sus fallidos “Kombinats” que al final terminaron por quebrar por excesivo intervencionismo político y nula rentabilidad económico-financiera.
Si el futuro fondo soberano se utilizara para convertir a España en un hub tecnológico, sería un éxito histórico. Pero si se convierte como se intuye en un instrumento para colocar a exministros, políticos y asesores progresistas en consejos de administración o para ocultar la ineficacia en la gestión de los fondos europeos, estaremos ante otro capítulo de capitalismo de Estado financiado con los impuestos récord que hoy asfixian al contribuyente.
Las motivaciones políticas descansan en el aparente deseo de ganar autonomía estratégica a falta de estabilidad parlamentaria. El Gobierno socio-comunista de Sánchez, si resiste hasta el final de legislatura, quiere tener voz y voto en los consejos de administración de las empresas que definirán el futuro tecnológico de España, evitando que caigan exclusivamente en manos de capital extranjero (especialmente de países del Golfo o fondos buitre) o sean devoradas en OPAS hostiles.
Sentar en los consejos de administración en las participadas como venimos viendo a enchufados sin preparación técnica pero con mucha afinidad política se contradice con los principios de soberanía estratégica
Ceder sin embargo ciertos derechos a obras de infraestructuras críticas para España y los aliados de la OTAN a tecnológicas chinas sospechosas de poner en riesgo nuestra seguridad nacional y las de los socios, parece ser otra cosa.
Sentar en los consejos de administración en las participadas como venimos viendo a enchufados sin preparación técnica pero con mucha afinidad política se contradice con los principios de soberanía estratégica. Por otro lado, crear una estructura nueva en torno al fondo soberano cuando ya existe la SEPI y el ICO parece poco apto desde el punto de vista práctico, salvo que se persigan otros indolentes fines oscuros de tacticismo político. La sospecha de la manipulación electoral es otro capítulo que da pie al debate público.
Si además el fondo soberano pretende atraer inversión extranjera al ofrecer el "sello de garantía" del Estado español, qué podemos decir del historial de gestión si no se han ejecutado con éxito los dinerales de la UE. Muchos analistas ven en este fondo soberano una huída hacia adelante de la última etapa de Sánchez en Moncloa.
El plazo para comprometer los fondos europeos Next Generation termina en 2026 (de los 163.000 millones de euros asignados y a falta de transparencia gubernamental, parece haber gastado solo 53.000 millones, es decir el 30%)). Ante la imposibilidad de que las pymes y la industria real absorban tal cantidad de dinero en proyectos concretos, el Gobierno Sánchez persigue ahora recurrentemente aparcar el dinero en un fondo soberano propio.
De esta forma, el dinero figuraría como "ejecutado" ante Bruselas, pero en realidad se queda en una hucha estatal esperando ser invertido más adelante a conveniencia política.
Más que un fondo soberano habría que llamarlo fondo de maniobra política. Un fondo soberano real nace de la riqueza sobrante (como el de Noruega o Singapur). El de Sánchez nace de la deuda y de los préstamos europeos. Llamarlo "soberano" es, cuanto menos, un ejercicio de manipulación semántica.
Es curioso que el Estado quiera jugar a ser un gestor de inversiones estrella (como otros actores globales) cuando ha demostrado que tiene dificultades extremas para gestionar una licitación de obra pública o una ayuda a una pyme. Y esto se viene arrastrando desde el famoso Plan E de Zapatero del 2008 que dilapidó 13.000 millones de euros según el Tribunal de Cuentas en levantar aceras, favorecer a agentes próximos al PSOE y en incurrir en numerosas irregularidades muy lejos de sus fines.
No hay que olvidar tampoco que el Reino de España es receptora además de otras fuentes de ingreso de fuera como los fondos de cohesión de la UE con objeto de impulsar la economía. En el periodo 2021-2027 España tiene asignadas unas partidas vigentes de 36.700 millones de euros para destinar al desarollo regional (FEDER), empleo y formación (FSE+) y el Fondo de Transición Justa.
Cabe con razón preguntarse si con tantos recursos (propios y ajenos) no se ha mitigado ni siquiera las principales preocupaciones sociales desde hace casi una década (vivienda, desempleo, migración, clase política, corrupción, seguridad, sanidad, educación, pensiones, envejecimiento, dependencia etc), lo hará el fondo soberano. A lo mejor el obstáculo radica en la incapacidad y despilfarro de los gestores públicos.
Noruega y Singapur, el patrón internacional que no sigue España
A diferencia de las intenciones de España, el reino de Noruega creó un fondo soberano en 1996 que se nutre exclusivamente de los excedentes de la venta de gas y petróleo en el Mar del Norte. Nació con la idea de transformar una riqueza finita (hidrocarburos) en una riqueza eterna para las generaciones futuras de Noruega. Está considerado el mayor fondo soberano del mundo, dotado con más de 2,2 billones de dólares.
Cuenta con una regla de oro y es que no invierte en Noruega para no recalentar su propia economía ni generar inflación interna, sino que compra participaciones de las mejores empresas del mundo (como Apple, Microsoft, entre otras.) Es además uno de los mayores accionistas institucionales del Ibex, detenta cuantiosos millardos de euros en bonos españoles y no pocos planes de pensiones en España comparten "cartera" con los noruegos.
El otro ejemplo se da en Singapur cuyos fondos soberanos (dotados de más de 1,3 billones de dólares) provienen de décadas de superávit fiscal, ahorro público y la gestión eficiente de empresas estatales. El fondo Temasek Holdings nació en 1974, poco después de la independencia para gestionar las participaciones del Estado en empresas locales (como Singapore Airlines) y profesionalizar su gestión, separándolas de la política directa.
Y el fondo GIC (Government of Singapore Investment Corporation) vió la luz en 1981. Fundado por el "padre de la patria", Lee Kuan Yew, para invertir las reservas de divisas sobrantes en los mercados internacionales, proteger el poder adquisitivo del país y convertir Singapur en toda una potencia económica.
La credibilidad de estos fondos globales está fuera de duda, entre otras razones porque no tienen prisa ni intereses políticos, solo buscan la rentabilidad para sus ciudadanos.
Mientras que Noruega y Singapur llevan por tanto entre 35 y 50 años perfeccionando sus modelos, España tiene mucha prisa e intenta montar el suyo en unos pocos meses para dar salida a unos caudales europeos Next Generation sin gastar que tienen fecha de caducidad (2026). Las dudas no se disipan con grandilocuentes palabras del inquilino de la Moncloa. La hoja de ruta debería ser lo más transparente y menos politizada posible.
Una fórmula de garantía soberana podría descansar en establecer por ley que el Gobierno no pueda dar órdenes directas de inversión en empresas específicas (evitando el uso del fondo para premiar a empresas "amigas" o castigar a rivales), sin el visto bueno de la mayoría del Parlamento.
Asimismo antes de dotar al fondo soberano de un solo billete, los partidos de la oposición deberían exigir al actual ejecutivo Sánchez que presente todas las partidas de ingresos y gastos de los fondos europeos Next Generation. Cosa que no hace creando malestar hasta incluso en las propias instituciones de Bruselas.
