Quizás recuerden a Marta Pérez. El 28 septiembre de 2022, esta joven de 19 años, acaparó todos los titulares de la prensa nacional, acudió a su gimnasio para realizar su entrenamiento habitual junto a una amiga. Tras completarlo, le dieron a probar un batido de proteínas que contenía pistacho, cuando ella es alérgica. Ella preguntó como siempre hacía, y le aseguraron que no llevaba pistacho, por lo que se tomó la bebida, acabando en coma y teniendo que someterse a una larga rehabilitación.

La joven que vivía en Ibi (Alicante) sigue en ese proceso, mejorando poco a poco, y hasta esa ciudad se trasladaron sus padres que vivían en Solsona, Lérida. Tenían que atenderla y ayudarla en su rehabilitación por lo que se mudaron y pusieron en alquiler su casa de Solsona, pensando que eso les ayudaría a costear los gastos del proceso médico de su hija. 

Sus inquilinos eran conocidos de la zona y al principio todo iba bien, hasta que un día dejaron de pagar, convirtiéndose en sus inquiokupas. No son vulnerables, trabajan, tienen sueldo, coches, motos y según confirman varios vecinos incluso han cambiado cerraduras y hecho reforma en la casa de los padres de Marta. Mientras, los propietarios tienen que seguir pagando el IBI, la basura, los seguros y la comunidad. Ya son quince meses sin recibir un euro, lo que está haciendo que empiecen a tener dificultades para pagar el tratamiento de Marta. 

“Viven mejor que los propietarios”, denuncian los vecinos, "incluso se han comprado un piso y lo tienen alquilado", asegura la madre de Marta en una entrevista. Así es como esta familia se ha convertido en escudo social del Gobierno.