Otro caso más de okupación. El que ha sufrido un cacereño con su casa okupada, dos años sin recibir el alquiler y quejas por tenencia de animales y celebración de fiestas por parte de su inquiokupa. Lo, digamos novedoso, de este caso es que tras un calvario judicial, el juez finalmente le ha dado la razón al dueño hasta en dos ocasiones, ambas en 2022, cuando falla que la inquilina tiene de abandonar la vivienda y cuando una instancia superior ratifica esa sentencia.

Según el Periódico de Extremadura cuando parecía que la inquilina ya iba a abandonar la vivienda por orden judicial, en mayo de 2023, el dueño recibió dos días antes una notificación de que el desahucio se paralizaba indefinidamente «porque un informe de una trabajadora de los Servicios Sociales determinaba que la ocupante podría quedar en riesgo de exclusión social».

Así las cosas, el propietario pide a la Administración que solucione su caso y destaca además que si la mujer certifica que se encuentra en estado de desamparo, el ayuntamiento le facilite una vivienda municipal para acogerla para que él pueda disponer de su vivienda en propiedad y como paradoja, dejar de seguir acogido en casa de unos familiares.