Comenzamos esta crónica semanal sobre cristianos perseguidos en México, donde al menos 70 sacerdotes han sido asesinados -reconocidos de forma oficial- en las últimas décadas, lo que le convierte en el país más peligroso del mundo para ser sacerdote. El Centro Católico Multimedial (CCM) lleva el recuento de sacerdotes asesinados (diocesanos y religiosos) desde 1990 hasta este año, recoge Infocatólica.

Además de los asesinatos, también han aumentado las profanaciones de templos. El satanismo ha crecido exponencialmente dentro de las bandas de narcotraficantes, lo cual añade aún más salvajismo, si cabe, a sus actos criminales.

El P. Omar Otero, del CCM, describe la situación a Publimetro: «Profanan los templos y las hostias sagradas, se ha violentado a obispos, cardenales, clérigos y hasta monaguillos. Nadie se salva de la violencia. Si antes los apuñalaban cinco veces, ahora lo hacen 20 y con mensajes narcosatánicos. En algunos casos han llegado a tirar los cuerpos de los padres en la curva del diablo».

Los sicarios de diversos cárteles de la droga mutilan, degüellan, torturan y cercenan partes enteras, como los dedos de los sacerdotes que utilizan para trazar una cruz y bendecir a sus feligreses. Esto en un mensaje contra quienes mantienen un fuerte activismo en sus comunidades.

Mons Herculano Medina, obispo auxiliar de Morelia, indica que además de los sacerdotes cuya muerte se ha registrado oficialmente, hay otros desaparecidos, otros amenazados e indica que esto «es parte de lo que nosotros, al asumir este estilo de vida, sabemos que nos puede pasar, tarde o temprano».

Será un veredicto injusto porque los demás acusados y yo ​​somos inocentes, pero vivimos en una dictadura

Cambiamos de continente y nos vamos a Asia. La Corte Suprema de Camboya confirmó una sentencia de seis años de prisión contra la activista cristiana Theary Seng, acusada de traición por apoyar al ex líder de la oposición Saim Rainsy y al Cambodian Nation Rescue Party (CNRP), el partido proscripto por el primer ministro Hun Sen, recoge Infocatólica de Asia News.

Seng -que también tiene un pasaporte estadounidense- trabajó en la modificación de la versión de la Biblia en idioma jemer. Ya había sido arrestada anteriormente en 2019 tras el fallido intento de Sam Rainsy de regresar a Camboya desde su autoexilio en París. En ese momento detuvieron a más de 120 activistas.

La primera sentencia de seis años de cárcel contra Seng se emitió en junio de este año: «Este régimen no me dejará libre», había dicho antes de que se diera a conocer. «Será un veredicto injusto porque los demás acusados y yo ​​somos inocentes, pero vivimos en una dictadura». Junto con Seng habían arrestado a más de 50 personas que seguían siendo leales al CNRP. En señal de protesta, la activista cristiana se había vestido como la Estatua de la Libertad y se le prohibió ingresar a la sala del tribunal y escuchar el veredicto.

El CNRP fue acusado de tramar una revolución para derrocar al gobierno y disuelto por la Corte Suprema de Phnom Penh en 2017. Su actual líder, Kem Sokha, fue detenido. En las elecciones que se celebraron al año siguiente, el Cambodian People’s Party del primer ministro Hun Sen ganó todos los escaños, lo que provocó las críticas de los defensores de los derechos humanos.

A pesar de las denuncias y reclamos, la niña sigue esperando justicia

Y en Pakistán, un nuevo caso de conversión forzada de una niña cristiana menor de edad plantea la cuestión de la justicia y los derechos, especialmente de las minorías. El último caso es el de Saba Nadeem, de 15 años, hija de Nadeem Masih y perteneciente a una familia cristiana pobre de ocho miembros que vive en Faisalabad, Punjab. La joven fue secuestrada por un vecino musulmán, Yasir Hussain, el 20 de mayo. Fue violada y obligada a abrazar la fe islámica, y luego forzada a casarse con su captor. Sin embargo, al cabo de unos días, Saba consiguió escapar y pudo regresar con su familia de origen, mientras que su verdugo fue detenido por la policía, recoge Infocatólica de Asia News.

El 6 de junio, Saba compareció ante el magistrado de la ciudad para presentar una denuncia en virtud del artículo 164 del Código Penal, explicando que había sido llevada «de Faisalabad a Gujrat» y «violada durante varios días». El 30 de septiembre, los jueces firmaron la orden de detención contra Yasir Hussain, señalando que la joven era menor de edad y que el matrimonio era nulo porque había sido «forzado mediante el uso de la fuerza y las amenazas». Sin embargo, a pesar de las denuncias y reclamos, la niña sigue esperando justicia.

Joseph Jansen, presidente de Voice of Justice, desplaza el foco hacia el Consejo de Ideología Islámica (CII) y el Ministerio de Asuntos Religiosos, que «niegan» el problema y se encuentran entre los que «se oponen a la ley contra las conversiones forzadas». «Estos dos organismos», añade, «intentan deliberadamente ampliar su influencia y controlar el rumbo político de las normas que atañen a las minorías. Se resisten a la introducción de leyes que protejan los derechos de las minorías».

El padre Pascal Paloos recuerda que es frecuente que los autores de los delitos traten de manipular o encubrir las investigaciones y los procesos para quedar impunes, aprovechando también la connivencia o la no aplicación de las normas. Además, los jueces dictan sentencias que en la gran mayoría de los casos son favorables a los autores, dejando impunes los casos de secuestro, violencia y matrimonios forzados en los que las víctimas suelen ser muchachas menores de 18 años y miembros de minorías religiosas.