De Ricardo Ferris hemos hablado mucho en Hispanidad. Todo empezó en 2022 cuando fue denunciado por delito de odio y cesado por Marlaska por exponer que: "A día de hoy, la práctica totalidad de los detenidos por Policía y Guardia Civil son extranjeros". "En las pateras todos te confiesan ser delincuentes y expresidiarios". Además, Ferris aseguró que "desde hace cinco años" la Policía ya "no trabaja con delincuentes nacionales", entre otras manifestaciones. También aseguró que le parecen "absurdos los porcentajes del 30%, 40% o 50%", porque "la práctica totalidad de los detenidos que hace la Policía y la Guardia Civil son extranjeros".

La Sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia juzga ahora al exinspector del Cuerpo Nacional de Policía que ejercía como jefe de la Comisaría Centro de la ciudad de Valencia, por esa supuesta atribuición al colectivo inmigrante la comisión de la práctica totalidad de los delitos en un acto organizado por Vox.

Las cifras de detenciones de la comisaria centro de Valencia del año de los hechos (2022) muestran que, del total 903 detenidos, 608 son extranjeros. Además,muchos de los 295 que constan como españoles en realidad extranjeros nacionalizados. Los extranjeros son la mayoría de los responsables de los delitos, excepto contra la Constitución, la Libertad, la seguridad de Tráfico y contra la integridad moral. Por ejemplo, esta estadística refleja que de los detenidos por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico 433 fueron extranjeros frene a los 172 con nacionalidad española. Casi cuatro veces más. El porcentaje es casi el doble en el caso de los detenidos por un delito de lesiones. Los detenidos sólo por el centro de noche se desglosan por nacionalidad. Del total de 234, sólo 39 son de España. 107 son de Marruecos, 25 de Argelia y 29 procedentes de países latinoamericanos.

Ferris se enfrenta a una pena de tres años de prisión por un presunto delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.

Además, la Fiscalía pide para el que fuera inspector jefe el pago de una multa 3.600 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por tiempo de seis años y la inhabilitación para empleo o cargo público durante el mismo tiempo.

La estrategia de las acusaciones y de la fiscal -tal como recoge esdiario- ha pasado por intentar atribuirle una supuesta "inducción al odio" con sus manifestaciones. Le ha presionado en el interrogatorio con una cita en la que animaba a la población a "dejar de ser pacífica". En contexto y, según ha defendido el policía, la pretensión no era otra que la de invitar "a colaborar con la policía", por ejemplo denunciando, algo que ha defendido apoyándose en lo plasmado en la Constitución Española.

Mientras, las ONG han armado la acusación llevado al juicio a varias personas de origen sudamericano haciéndolas pasar por "damnificados". Según narraron, sus hijos de veían gravemente afectados en el colegio, "les miran mal". Y todo ello no por otra culpa que la del vídeo del policía Ricardo Ferris en el que aseguró dos años antes que la mayoría de detenidos de su comisaría eran inmigrantes ilegales. Los testigos aportados como "afectados" son miembros de las ONG que componen las acusaciones que ni siquiera sabían de lo que estaban hablando. Preguntados por la defensa de Ferris por si vieron la intervención completa del policía, respondieron en forma negativa. 

Ferris sostuvo que «nunca dijo que inmigración ilegal es igual a delincuencia. «Lo que realmente aseguré en ese acto, y ahí están los vídeos grabados de mi intervención, fue exactamente lo contrario. Lo que afirmé, de manera textual, es que 'todo el mundo sabe que inmigración no es igual a delincuencia, y que solo un malvado o un tonto se atrevería a decir eso; pero desgraciadamente, delincuencia sí que es igual a inmigración ilegal».

El propio Inspector ha publicado en sus redes sociales cómo ha transcurrido el juicio: