Tras diez meses de okupación en el hotel Callao Sport, en la población de Callao Salvaje de Adeje, 300 okupas y 18 menores han sido desalojados del complejo. Un foco de conflictos donde cualquier desgracia podía suceder. El inmueble representaba un grave riesgo para la seguridad estructural, de suministros y ciudadana. Incidentes con amenazas, robos, basura, menudeo de drogas o peleas es el día a día que la propiedad del hotel ha denunciado.

La propiedad y la patronal hotelera alertaron sobre el uso de instalaciones precarias, como enganches a suministros, conexiones improvisadas y bombonas de butano. Es más, hace unos meses se desató un incendio y dos hombres resultaron heridos graves por quemaduras e inhalación de humo.

Los okupas entraron de manera organizada en febrero, y desde entonces se dedicaron a alquilar el complejo como si fuera suyo, aprovechando la falta de respuesta por parte de las instituciones y la lentitud de la justicia. Debemos recordar que los propios dueños contaron hace unos meses que el juez no veía "indicios de criminalidad" por lo que había descartado el desalojo porque podría causarles indefensión. A lo que habría que sumar el chantaje que estaban recibiendo, con los amables 'vulnerables' pidiendo 250.000 euros por marcharse. 

Pese a todo, se ha conseguido el desalojo. Y es que la Audiencia enmendó la plana a los Juzgados de Arona y ordenó el desalojo, al apreciar indicios de criminalidad. En declaraciones para Atlántico Hoy, el gerente de la patronal hotelera tinerfeña, Juan Pablo González, lo ha confirmado: "Por lo menos [los propietarios] ya tienen la posesión del inmueble recuperada y esperemos que puedan dar una pronta solución y salida a su a su situación".

Y es que según ha confirmado la propietaria, Margarita Domínguez, a El Día, el estado en el que han dejado el Hotel es "dantesco y deplorable" además de que durante estos meses ha tenido que pagar 30.000 euros en factura de luz, unos 13.000 de tasa de basura, más IBI.

‘En boca de todos’ también ha hablado con la propiedad, que recuerda los 250.000 que les pidieron para irse: “Eso se llama coacción, entiendo que es un chantaje en toda regla… Si la propiedad privada es privada, tiene que seguir siéndolo. El hotel es de una empresa de la que soy administradora, pero te emocionas porque mi padre y mi marido han luchado mucho para cumplir un sueño. Nosotros no somos millonarios, somos una familia que ha tenido que luchar mucho”.