El Gobierno obligará a las administraciones públicas a pagar en un plazo de 30 días. El plazo actual de 60 días no se cumple y la elevada morosidad, especialmente de los ayuntamientos, ha provocado la ruina de no pocos autónomos generalmente vinculados a las obras públicas.
¿Cómo asegurar que esos pagos se producirán en la mitad de tiempo? La vicepresidenta Económica, Elena Salgado, anuncia que el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible prevé medidas de control. Salgado es consciente de que los interventores de los ayuntamientos no están a las órdenes directas de la Administración General, pero tampoco ha detallado en qué consisten los mecanismos que impidan la morosidad.
La futura ley fija un plazo de 60 días para que las empresas paguen a PYME y autónomos.
