José Luis Escrivá (COPE), sobre el ingreso mínimo vital: "Es un derecho subjetivo, se dejará de cobrar cuando la situación de los beneficiados mejore. Se podrá trabajar mientras se percibe la ayuda"

En la COPE, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá cree que las CC.AA. no han sido eficaces a la hora de aplicar rentas mínimas y, además, han generado desigualdades entre las diferentes regiones. Ddefiende que el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno "requiere un contraste de renta y patrimonio de los solicitantes" y considera que sólo País Vasco y Navarra pueden activarlo de forma autónoma". "Tenemos que ser lo más eficaces posible para llegar a los hogares que necesitan prestación. Y las CC.AA. han demostrado no serlo salvo País Vasco y Navarra", ha dicho el ministro.

Alertado por Herrera por esa diferencia establecida entre estas dos regiones y el resto, el ministro ha señalado que no busca establecer "un debate competencial", pero que ambas han demostrado estar más desarrolladas por su carácter tributario diferente. "Cada CC.AA. despliega su prestación de forma tan dispar que las desigualdades se amplían", ha explicado.

Escrivá ha definido su ley de ingreso mínimo vital como "moderna y rigurosa" que busca "erradicar la pobreza máxima" y que los hogares que están en una situación de máxima vulnerabilidad "puedan salir adelante". Según ha calculado el ministro, la medida afectará a unos 850.000 hogares. "Fijaremos un mínimo nacional y cada CC.AA. complementará esa ayuda".

El ministro ha señalado que además de la renta del solicitante también se tendrá en cuenta su patrimonio, que no podrá ser tres veces mayor a la renta anual que recibe. Tal como había anunciado el Gobierno, Escrivá ha subrayado que el beneficiario seguirá manteniendo la prestación pese a encontrar trabajo. "Es un derecho subjetivo, se dejará de cobrar cuando la situación de los beneficiados mejore. Se podrá trabajar mientras se percibe la ayuda. Se decidirá en función de la declaración de la renta", ha dicho el ministro, sin detallar qué medidas se tomarán para que la economía sumergida no desvirtúe la renta de los beneficiarios.

El ministro ha calculado en 3.000 millones de euros el gasto cada año en esta medida y ha recordado que irá a cargo de los Presupuestos del Estado.

En la COPE, Pilar García de la Granja apuntaba: “Sobre lo de hoy de El Mundo y ABC. El Mundo: es evidente que las decisiones tomadas por la comunidad de Madrid salvaron al resto de España de algo que si ahora mismo son 30.000 muertos podrían haber sido el doble o el triple, gracias en exclusiva a las decisiones tomadas por la señora Ayuso. Y, lo de ABC me parece tremendo: ‘jo tía’, 30.000 muertos”. “Esto es lo que dice el nivel, la frivolidad, la gracieta”.

En la COPE, Antonio Naranjo señalaba: “Estábamos hablando antes del enfrentamiento, de la incapacidad de pactos. Cuando no está claro que exista una España, por lo menos una España fuerte, ni sana, apostar por las dos españas, y de manera más radical seguramente obedece a eso que se resume en el vídeo de Irene Montero diciendo el 9 de marzo que eran conscientes de que otros países habían tomado medidas mucho más drásticas y además gesticulando mucho, como simulando la grima que le daba que le rozaran, en esa manifestación, por el miedo al coronavirus. Es decir, en ese pecado de origen que explica que las repercusiones económicas y sanitarias de la pandemia estén siendo en España mucho más abrumadoras creo que también se entiende la incapacidad de llegar a acuerdos que en una situación en la que uno tuviese la conciencia tranquila sin la menor duda buscaría y todos aplaudiríamos”.

En la COPE, Paco Rosell decía que durante estos dos años de Gobierno de Pedro Sánchez “hemos asistido a una gran mentira. Ayer hacíamos un ejercicio de lo que se dijo en esa sesión de investidura y es tremendo. No se ha cumplido absolutamente nada después de aquella moción de censura Frankenstein y sobre todo basada en una sentencia fake. A partir de todo eso se construyó un mundo de mentiras que estamos padeciendo y viviendo, una auténtica pesadilla”.

Ignacio Camacho destacaba que después de dos años de Gobierno de Pedro Sánchez “me queda la sensación de la instrumentalización global del Estado al servicio de un proyecto de poder personal. Y ahora que la izquierda habla de conspiración de togas”, “conviene recordar que esa moción de censura se produjo con una sentencia, una morcilla torticera,  sobre un presidente que no estaba siendo juzgado ni siquiera en esa causa. Pero sobre todo la sensación de una invasión desacomplejada del Estado y del intento de someter a todas las instituciones autónomas, en especial a la justicia, con un bloque anticonstitucionalista que se sigue manteniendo firme y una estrategia de aislamiento de la oposición y de reinvención de las dos Españas como táctica electoral”.

Antonio San José explicaba que, “por decir algo positivo, es verdad que la política social de este país ha registrado un impulso y especialmente la aprobación del ingreso mínimo vital yo creo que es un logro que nos equipara con otros países europeos. Pero lo que creo que Pedro Sánchez presenta es el tacticismo político”, “primero dijo y después hizo: da igual, puedes decir una cosa, la contraria y eso es poner al servicio del poder todo lo demás”.

En Onda Cero, Carlos Alsina subrayaba: “Mañana cumple dos años en el cargo Pedro Sánchez.

Un primero de junio de 2018 disfrutaba del éxito de una audaz operación política por la que nadie daba un duro una semana antes (ni por la operación ni por él, que aún andaba recomponiendo su partido), y perfilaba un primer gabinete que cosecharía amplio respaldo inicial, por el currículum de muchos de los elegidos y por la incorporación de nombres no identificados con el PSOE, como el juez Fernando Grande Marlaska.

Ayer le preguntó la periodista Ketty Garalt por la destitución del coronel Pérez de los Cobos y la crisis que se ha producido en la cúpula de la Guardia Civil. Le preguntó si el presidente está en condiciones de afirmar que no se le exigió al coronel que informara al gobierno de la investigación judicial sobre el 8M.

El presidente, fiel a su estilo escapista, fingió responder a las preguntas sin hacerlo, de hecho.

La equiparación salarial. La utilizó el gobierno el martes como maniobra de distracción y la volvió a utilizar ayer el presidente. Este gobierno ha hecho cosas que hacía mucho tiempo que no se hacían, como la equiparación salarial. Hombre, tampoco tanto tiempo. El acuerdo para la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad se firmó en marzo de 2018. Marzo de 2018 significa que quien gobernaba no era Sánchez, sino Rajoy. El acuerdo lo firmó el ministro Zoido. Equiparación en tres tramos, uno por año. El primero ya se presupuestó en las cuentas de Montoro de aquel año. El segundo, y a falta de presupuestos nuevos, lo resolvió el gobierno Sánchez con un decreto. Y con el tercero ha hecho lo mismo. Pero la equiparación fue una decisión del gobierno anterior”.

En Onda Cero, Rubén Amón lanzaba sus preguntas: “¿Estáis preparados para el regreso de Frankenstein? Pues el monstruo va a reaparecer esta semana. Después de haber toreado Sánchez a Ciudadanos, veréis que recompondrá los números de la investidura.

¿O no es esa la razón por la que Iglesias ha firmado con todos los partidos nacionalistas, Bildu incluido, un manifiesto que exige libertad para los Jordis?

¿Cuál será el precio del apoyo del PNV y de ERC a la prórroga del Estado de Alarma? Veréis que Cataluña y Euskadi tendrán prerrogativas insólitas en la gestión de la desescalada.

¿No os enternece el entusiasmo con que Irene Montero enfatiza el trabajo encomiable que está haciendo Pablo Iglesias? Y no solo se adhiere a la denuncia de la rebelión de la Guardia Civil que estaría incitando la derechona. También la extiende a las fuerzas armadas en general.

¿Os dais cuenta de que las cosas que separan al PP y al PSOE son tantas como las que los unen? Si Vox y Podemos no tiraran tanto de la correa, habría el consenso que reclaman los barones de uno y otro partido.

Sánchez, siempre desde la modestia, proclamó ayer que no va a permitir más infancias rotas ni más generaciones perdidas. ¿Es que piensa dimitir?

¿Me creéis si os digo, desde la envidia, que Clint Eastwood ha cumplido 90 años?”.

En Onda Cero, Fernando Ónega afirmaba: “Ya sabe usted que en política las calificaciones dependen de la ideología. Para la gente muy de izquierdas, merecerá un notable alto sin atender a razones. Y para la gente de derechas, un suspenso monumental y cabreado.

Los demás lo tenemos que calificar por asignaturas. Asignatura de resistencia: sigue aprobando, porque parecía que venía para unos meses y tiene vocación de eternidad. Asignatura de Confianza, suspenso clarísimo, porque no hay un hecho que responda a lo que antes había anunciado o declarado.

Asignatura troncal de sentido de Estado: no me atrevo a suspenderlo, porque en un presidente cuando menos se supone; pero debe subir nota y hacerlo más visible, porque se empeña en esconderlo en la hojarasca de sus maniobras de poder. Asignatura de diálogo: suspenso, porque lo limita al bloque de investidura y desconoce o desprecia a los demás. Asignatura de gestión económica: suspenso en objetividad técnica, muy dominada por la ideología, y a lo peor es la de Podemos.

Gestión del problema territorial, aprobado, porque al menos no subleva e intenta soluciones negociadas. Gestión de la recuperación tras el virus, pendiente de calificar y con dudas: revisado su examen, no se acaban de ver sus propuestas. Y asignatura de gestión social, notable alto, confirmado por el ingreso mínimo vital. Resumen: empate entre suspensos y aprobados, pero calificaciones genéricamente bajas. Un jefe de gobierno sin algún sobresaliente es un jefe de gobierno del montón".

En la COPE, el economista José María Gay de Liébana reflexionaba: “Aun cuando se pregone que el ingreso mínimo es uno de los mayores hitos de la democracia – ¡todo sea por el voto! -, estamos ante el fracaso de un país sin rumbo, hundido en una ciénaga decadente y paupérrima, cayendo en el pozo de la miseria económica. La renta mínima evidencia que la pobreza y el hambre calan en la población española, agravando aquel porcentaje del 26% (más de 12 millones de personas) que en 2018 se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Trazar el futuro de España sobre las bases de una economía subsidiada, constituye el principio del fin. Nuestra política económica, nuestro modelo productivo, nuestro patrón de crecimiento, apunta a estropicio de continuar por tal senda. Que 850.000 hogares perciban un ingreso mínimo equivale a dar pescado. El secreto reside en dar una caña y enseñar a pescar. Eso exige saber reconstruir la economía española y su modelo.

Habría que celebrar como logro apoteósico que nuestro Estado invirtiera cientos de miles de millones de euros en reconversión industrial a los acordes de la revolución tecnológica, la transición energética, la transformación digital, en I+D, dotando a nuestra reconocida sanidad con recursos y no escatimarlos, creando empleo de calidad, indefinido y destinara fondos a la formación de nuestra gente. Si hoy nuestra deuda pública equivaliera al 60% del PIB, o sea, de 750.000 millones de euros, y no por encima del 100%, eso sería factible. Habría margen para que España se endeudara. Empero, acumular de 2008 a 2020 un déficit público cercano al billón de euros, con B de Barcelona, impide que hogaño España pueda escribir su mañana económico con cimientos sólidos y robustos, afrontando un gasto público eficiente que impulse nuestra decadente economía. Atrapados en el lodazal de la podredumbre andamos”.