El borrador de la nueva Ley de Secretos Oficiales ha sido aprobado este lunes en el Consejo de Ministros. La nueva ley contempla cuatro categorías de clasificación: Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido, las cuales contarán con distintos niveles de protección dependiendo del peligro que suponga para la seguridad y la defensa nacional su revelación o su uso indebido.

En cuanto a la competencia para designar a qué categoría pertenece cada información, en los casos de Alto Secreto y Secreto corresponderá al Consejo de Ministros, mientras que la clasificación como Restringido o Confidencial podrá hacerse por otras autoridades competentes, como los titulares de los Ministerios, Secretarías de Estado y Subsecretarías en sus respectivos Departamentos, y los titulares del CNI, el DSN, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, entre otros.

La ley crea la figura de Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, dependiente del Ministerio de la Presidencia, por lo que el ahora Ministro, Félix Bolaños, mantendría el control. La Autoridad tendría a su cargo la protección y el tratamiento de la información clasificada española, y de toda aquella información que provenga de otros Estados u organizaciones internacionales.

La nueva norma ha sido muy criticada por los socios habituales de Sánchez, que la consideran insuficiente, y es que el punto más controvertido es la desclasificación. La Ley contempla la desclasificación automática en distintos plazos que van entre los 50 años, prorrogables otros 15, para información clasificada como Alto Secreto y 4 años, no prorrogables, para información clasificada como Restringida, y para los socios de su Sanchidad esto es insuficiente, deberían ser descalificados mucho antes y exigen transparencia para revelar 'luz'.

En cuanto a las sanciones, la norma contempla multas que pueden oscilar entre los 50.000 euros y los tres millones de euros, sin perjuicio de las responsabilidades penales que se deriven y de otras sanciones accesorias, como la prohibición de contratar con administraciones públicas o, en el caso de funcionarios y autoridades, la separación del cargo. Las mayores sanciones se aplicaran por infracciones muy graves como la revelación de información clasificada en las categorías de Alto Secreto o Secreto, el acceso a información de éstas categorías sin tener la habilitación necesaria o la entrega a potencias extranjeras de información si no existe un Tratado internacional para el intercambio.

Desde el PP señalan que esta nueva Ley "puede poner en riesgo la propia seguridad nacional". A falta de conocer el texto definitivo, Félix Bolaños, afirmaba que estaba "seguro de que habrá una mayoría parlamentaria rotunda que apoye esta ley", puesto que, a su manera de verlo, la norma es "avanzada y garantista", aunque abría la puerta a que cuando se conozca el texto, estudiarán cómo "mejorar" la ley. Pedro Sánchez afirma que se llegará a un acuerdo, o lo que es lo mismo en el lenguaje de este gobierno, se cederá ante proetarras, independentistas, comunistas y podemitas.