
El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha logrado una de las mayores victorias políticas desde que regresó a la Casa Blanca el pasado mes de enero.
La Cámara de Representantes ha aprobado el plan fiscal del presidente, en una ajustada votación de 215 a 214. El plan de Trump ha sido objeto de un intenso debate parlamentario en las últimas semanas, y supone un espaldarazo para el inquilino del Despacho Oval y para el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson que ha liderado en todo momento la negociación en sede parlamentaria.
La totalidad de los demócratas se ha opuesto, y aunque la amplía mayoría de los republicanos apoyaba el proyecto, las negociaciones estuvieron a punto de encallar, por la oposición de algunos congresistas, que buscaban incluso mayores rebajas fiscales y mayor reducción del gasto público.
Este plan es la principal apuesta y promesa de campaña del presidente para poner fin al declive económico generado por la Administración Biden-Harris.
La legislación aprobada supone una importe reducción de la presión fiscal y del gasto público. Así, supone extender los millones de dólares en exenciones fiscales aprobados en el primer mandato de Trump en la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 e incluye el denominado límite SALT, que permitiría deducciones de impuestos estatales y locales sobre la renta de hasta 40.000 dólares.
Destaca el incremento notable de las partidas relativas a la seguridad fronteriza, una de las principales prioridades de la Administración Trump-Vance. Por el contrario, dentro de los apartados de reducción del gasto social, se verían afectados numerosos ámbitos, destacando particularmente los numerosos subsidios a la energía verde que han apoyado al sector de las energías renovables, durante la presidencia de Joe Biden. Así, el proyecto de ley prevé la derogación de las subvenciones destinadas a reducir la contaminación del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero o la compra de vehículos pesados eléctricos, así como la eliminación del crédito fiscal federal del 30% para la instalación de sistemas solares en los tejados de los edificios. Tras la votación, las acciones de las compañías de energía solar se han desplomado.
Ahora, la propuesta se remite al Senado, donde se espera una intensa negociación.