Hace unas semanas les contamos que estaban teniendo lugar las audiencias en la corte suprema del decisivo caso que afecta a la Sección Segunda de la Ley de Derecho al Voto. En teoría, dicha disposición tenía el loable propósito original de proteger a las minorías raciales en la época donde existía discriminación racial. Sin embargo, hoy en día ese fundamento ha perdido su sentido en pleno siglo XXI y en la práctica, lo han utilizado los demócratas para crear mapas electorales que les garantizasen escaños en estados donde sus electores son minoría, concentrando los distritos en lugares de mayoría afroamericana, el único grupo demográfico de votantes que le quedan a los demócratas dentro de las minorías raciales.

Y es que los hispanos cada vez se han aproximado más al Partido Republicano, hasta el punto que el presidente Trump obtuvo el 46% del voto hispano en los pasados comicios presidenciales. Así, el litigio se plantea con respecto a un estado de clara mayoría republicana, como es Luisiana, en el que gracias a esa normativa los demócratas han logrado mantener representación en el Congreso, aunque la mayoría de los ciudadanos del estado son conservadores y no progresistas.

Ciertamente, la normativa electoral no está prevista actualmente para crear distritos por cuestiones raciales, lo cual sería contrario al propio principio de igualdad, algo que parece haber puesto de manifiesto el bloque conservador de la corte suprema durante las audiencias, por cuanto la raza podría haber predominado de manera indebida como factor de creación del mapa de representación electoral.

 

Y al igual que en Luisiana, sucede ahora en Texas. El Estado de la Estrella Solitaria se ha unido a la batalla y ha apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos la decisión de los jueces federales que han bloqueado el nuevo mapa electoral del Congreso para las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

El nuevo mapa electoral desató una batalla nacional por la redistribución de distritos, Los demócratas aseguran que el mapa "priva del derecho al voto a las personas de color", algo "atroz".  Llama la atención tal afirmación, cuando de hecho Texas en un Estado donde los blancos apenas constituyen el 39% de la población, y las minorías raciales superan el 60%, hasta el punto que los hispanos con más del 40% de la población son el primer grupo demográfico.

Además de que la decisión del tribunal de instancia podría suponer una extralimitación en la facultad de revisión judicial, tampoco se adapta a la realidad demográfica del Estado de Texas, donde los dos grupos demográficos mayoritarios son los blancos e hispanos, que prácticamente a partes iguales constituyen más de 80% de la población del Estado. Y en las pasadas elecciones presidenciales, Trump obtuvo clara mayoría en ambos grupos, obteniendo el 66% del voto blanco y el 55% del voto hispano, con lo que la propuesta republicana sería conforme a los criterios de representación electoral.

En un comunicado el gobernador de Texas, Greg Abbott, criticó la decisión, calificándola de "claramente errónea" y afirmando que "socava la autoridad que la Constitución de los Estados Unidos otorga a la Legislatura de Texas al imponer un mapa diferente por decreto judicial. El Estado de Texas apelará rápidamente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos". 

Aaron Reitz, candidato republicano a fiscal general de Texas, declaró: "Mi opinión es similar a la del gobernador Abbott y del fiscal general Paxton, quienes han criticado la decisión porque, de hecho, la raza no se utilizó para trazar estas líneas. Solo se utilizó la política, que es el criterio apropiado".