Comenzamos esta crónica semanal de Hispanoamérica  —en la que hacemos especial énfasis en la defensa de la vida, la familia y la libertad— en  Ecuador, cuyo presidente, Guillermo Lasso, anunció que vetará el abortista proyecto de «Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo» en caso de violación. Dicho proyecto pretende que pueda aniquilarse a los fetos hasta la semana 28 de gestación e incluso hasta justo antes del parto natural en caso de que la madre sea menor o discapacitada.

Lasso dijo a Ecuavisa que respeta el fallo de la Corte Constitucional, de abril de 2021, que despenalizó el aborto para todos los casos cuando el embarazo sea producto de una violación, pero eso no significa que apruebe la barbaridad que se quiere cometer: «Fallo que yo respeto, más allá de no coincidir, pero lo respeto porque es mi obligación. Pero ¿qué está sucediendo ahora?, que están aprovechando esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte Constitucional, y téngalo por seguro que ya no solo en el campo personal sino ahora como presidente de la República, mi obligación será vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo constitucional que se resolvió en abril del 2021″, recoge Infocatólica.

Lo que proponen es quitar la ley anterior por completo y que esta nueva ley contenga algunos conceptos que afectan la libertad de pensamiento, expresión y acción

También para defender la vida del no nacido, la plataforma mexicana ‘Actívate’ lanzó una campaña de recogida de firmas, exigiendo que se rechace el intento de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Estado de Guerrero. La campaña responde al proyecto presentado en el Congreso de Guerrero por las diputadas estatales del partido Morena, grupo político del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recogió Aciprensa.

Y sin marcharnos de México, la plataforma provida y profamilia mexicana ‘ConParticipación’ advirtió que un proceso de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) podría llevar a una “mordaza” contra quienes se opongan a la ideología de género. “Lo que proponen es quitar la ley anterior por completo y que esta nueva ley contenga algunos conceptos que afectan la libertad de pensamiento, expresión y acción en relación con algunos temas sobre los que hasta ahora cada mexicano podía opinar libremente sin ser sancionado”, señaló.

ConParticipación indicó que de aprobarse esta reforma “algunos conceptos relacionados con la ideología de género serían obligatorios para todos, pues el proyecto de ley considera como ‘conductas discriminatorias’ (artículo 10) un largo listado de acciones, recoge Aciprensa.