El pasado domingo, 16 de diciembre, los chilenos rechazaron en referéndum un nuevo texto constitucional, por el 55,75% de los electores, frente al 44,25% que quería aprobarlo. 

Se trata de la segunda vez en quince meses que los chilenos rechazan una propuesta de reforma de la Carta Magna, después de la consulta de septiembre de 2022, en la que un 62% de los chilenos rechazasen el anterior proyecto de Constitución redactado por una Asamblea Constituyente de corte izquierdista y pro-Nuevo Orden Mundial.

La nueva propuesta había sido redactada por una nueva Convención, compuesta por 50 miembros, y en la que los conservadores aglutinaban más de 30 escaños. 

Se da la circunstancia de que ambos proyectos de reforma y ambas consultas han tenido lugar bajo la presidencia del izquierdista Gabriel Boric, el cual no ha tenido más remedio que declarar: “Durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional, las urgencias son otras”. “El resultado de este plebiscito más que una celebración es un fuerte llamado de atención”. 

Un Gabriel Boric en cuya capacidad política ni tan siquiera confiaba su madre:

Así las cosas, sigue vigente la anterior Carta Magna, que data de la época del dictador Augusto Pinochet, aprobada en 1980, pero que fue reformada por el socialdemócrata Ricardo Lagos en 2005. 

Ante el resultado del referéndum, los obispos chilenos han emitido un comunicado en el que afirman: "La mayoría de la ciudadanía ha rechazado una nueva propuesta constitucional. No cabe sino aceptar la soberanía popular, expresada a través de un ejercicio plenamente democrático. Todos estamos llamados a enmarcar nuestra vida política y social bajo la Constitución política vigente, con estricto respeto al estado de derecho y a las normas democráticas que nos rigen". 

"Los últimos años han estado marcados por la polarización y la fragmentación, provocando en la población un distanciamiento y desvalorización de la vida política, lo que no hace bien a nuestra democracia. Por eso, reiteramos que 'es necesario que nos dispongamos con más decisión a avanzar juntos, abordando con premura los urgentes desafíos sociales y políticos que Chile tiene, más allá de nuestras legítimas diferencias y pluralidad de miradas'", añaden los prelados chilenos. 

Entre los desafíos que el país debe abordar con más urgencia los obispos destacan: “las problemáticas de la seguridad, la salud, las pensiones, el crecimiento económico, la educación y todo lo que contribuya a un clima de mayor paz y relaciones más justas entre nosotros. Ante estos retos, la respuesta de los dirigentes políticos no puede ser vivir enfrentados unos contra otros, sino alcanzar acuerdos que vayan en favor de todos, especialmente de los más pobres y postergados", concluye la Conferencia Episcopal chilena.