Prosigue la persecución del actual presidente brasileño, Lula da Silva, contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Ya contó Hispanidad que el Tribunal Supremo brasileño decidió por unanimidad, el pasado mes de marzo, investigar al expresidente Jair Bolsonaro por un presunto delito de intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023, una semana después de que el socialista Lula da Silva asumiese, de nuevo, el cargo de presidente del Gobierno.

En esa fecha del 8 de enero de 2023, y tras haber pedido las elecciones de octubre de 2022, centenares de seguidores del expresidente brasileño Bolsonaro entraron y atacaron las sedes del Congreso y el Tribunal Supremo, en la ciudad de Brasilia. 

El relator del caso en el Supremo, el juez Alexandre de Moraes, señaló: "Existen pruebas razonables que sustentan la denuncia". "Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (...) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado". Por su parte, el fiscal general Paulo Gonet explicó: "La frustración se apoderó de los miembros de la organización criminal que, sin embargo, no renunciaron a la toma violenta del poder, ni siquiera después de que el presidente electo de la República jurara su cargo". 

Cabe recordar también que en 2023, Bolsonaro fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años acusado de difundir bulos sobre la integridad del funcionamiento electoral brasileño a gobiernos extranjeros. 

Es decir, que desde la llegada al poder, de nuevo, de Lula da Silva ha tratado de vengarse de su rival político.

Porque el presidente socialista estuvo 580 días en la cárcel, condenado por corrupción por el entonces juez Sergio Moro, que luego fue nombrado ministro de Justicia por Bolsonaro tras ganar las elecciones en 2018. 

Posteriormente, en 2021, la justicia brasileña anuló la sentencia contra Lula al considerar que no se habían respetado sus derechos durante el proceso llevado a cabo por Moro.

Y ahora, el último paso en la venganza de Lula, que como todo buen izquierdista aspira -y ha conseguido- a controlar la justicia, ha sido la apertura por el Supremo de juicio a Bolsonaro.

Una venganza por etapas: la semana pasada, la Fiscalía General de la República -dominada por el régimen de Lula- ha pedido para Bolsonaro más de 40 años de prisión, como responsable de liderar una supuesta «organización criminal» tras las elecciones de octubre de 2022.

Y ahora, el último episodio ha sido la amenaza del juez Alexandre de Moraes a Bolsonaro de que podría ser detenido y recluido en prisión preventiva si incumple las medidas cautelares, como la prohibición del uso de redes sociales en primera persona o a través de terceros. «El investigado no se puede valer de esos medios para burlar la medida so pena de inmediata revocación y decreto de prisión», ha apuntado De Moraes.

Otras medidas cautelares adoptadas contra él han sido, por ejemplo, el portar una tobillera electrónica o la reclusión domiciliaria entre las 19.00 y las 6.00 horas de lunes a viernes e integral los fines de semana y festivos.