Tal y como recogió Hispanidad, en Brasil, el Tribunal Supremo decidió por unanimidad, el pasado mes de marzo, investigar al expresidente Jair Bolsonaro por un presunto delito de intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023, una semana después de que el socialista Lula da Silva asumiese, de nuevo, el cargo de presidente del Gobierno.
Cabe recordar que, en las elecciones de octubre de 2022, el socialista Lula da silva se había impuesto en la segunda vuelta con un 50,9% de los votos, sobre el 49,1% de Bolsonaro. Es decir, por un muy estrecho margen.
En esa fecha del 8 de enero de 2023, y tras haber pedido las elecciones de octubre de 2022, centenares de seguidores del expresidente brasileño Bolsonaro entraron y atacaron las sedes del Congreso y el Tribunal Supremo, en la ciudad de Brasilia.
El relator del caso en el Supremo, el juez Alexandre de Moraes, señaló: "Existen pruebas razonables que sustentan la denuncia". "Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (...) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado". Por su parte, el fiscal general Paulo Gonet explicó: "La frustración se apoderó de los miembros de la organización criminal que, sin embargo, no renunciaron a la toma violenta del poder, ni siquiera después de que el presidente electo de la República jurara su cargo".
Cabe recordar también que en 2023, Bolsonaro fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años acusado de difundir bulos sobre la integridad del funcionamiento electoral brasileño a gobiernos extranjeros.
Es decir, que desde la llegada al poder, de nuevo, de Lula da Silva ha tratado de vengarse de su rival político.
Porque el presidente socialista estuvo 580 días en la cárcel, condenado por corrupción por el entonces juez Sergio Moro, que luego fue nombrado ministro de Justicia por Bolsonaro tras ganar las elecciones en 2018.
Posteriormente, en 2021, la justicia brasileña anuló la sentencia contra Lula al considerar que no se habían respetado sus derechos durante el proceso llevado a cabo por Moro.
Y ahora, el último paso en la venganza de Lula, que como todo buen izquierdista aspira -y ha conseguido- a controlar la justicia, ha sido la apertura por el Supremo de juicio a Bolsonaro.
En este contexto, la Fiscalía General de la República -dominada por el régimen de Lula- ha pedido para Bolsonaro más de 40 años de prisión, como responsable de liderar una supuesta «organización criminal» tras las elecciones de octubre de 2022.
Hay una corriente que se está extendiendo por el mundo por la que, en cuanto un presidente de un país deja de serlo y pierde el aforamiento, se emprenden acciones judiciales contra él, lo que fomenta que no se quiera perder el poder...
Y, por cierto, que el Gobierno de EEUU ha anunciado que va a investigar a Brasil por supuestos ataques» a «las empresas estadounidenses de redes sociales», según declaró el encargado del Comercio, Jamieson Greer, que añadió: «Por orden del presidente Trump, lanzo una investigación bajo la Sección 301 sobre los ataques de Brasil a las empresas estadounidenses de redes sociales, así como otras prácticas comerciales injustas que perjudican a empresas, trabajadores, agricultores e innovadores tecnológicos estadounidenses». «Las barreras arancelarias y no arancelarias de Brasil merecen una investigación exhaustiva y, posiblemente, medidas correctivas».
La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump ya había amenazado al país carioca con imponer aranceles del 50% a los productos brasileños por perseguir judicialmente a Bolsonaro.
Tras esa amenaza, el presidente brasileño Lula le respondió a Trump poco menos que no se meta en los asuntos internos del país...
