En Hispanidad avisamos que parecía que el Gobierno no aprendía. Si la ley del Sólo sí es sí se ha convertido en un coladero de rebajas de penas para los agresores sexuales, la reforma del delito de malversación apuntaba a que será la puerta por la que saldrán de la cárcel incontables corruptos políticos. 

La reforma del delito de malversación aprobada por los partidos de la moción de censura a finales del mes de diciembre establece tres supuestos diferenciados de malversación y reduce sensiblemente las penas previstas si no hay lucro directo y personal.

Para entendernos, el delito de malversación consiste en sustraer fondos públicos para fines privados, ya sean personales o corporativos. En el caso de los separatistas catalanes, el procés, y en el caso de los ERE de Andalucía, el PSOE andaluz. ¿Que no hubo lucro personal, como argumenta la izquierda? pues enhorabuena a los premiados, pero en ambos casos sí se aprovecharon de la malversación. Pero Sánchez ha conseguido que aunque se robe no sea malversación si no hay enriquecimiento personal. El Gobierno aclaraba que la modificación de la malversación la han hecho para perseguir la corrupción, si se da el efecto contrario, es porque los jueces son unos fascistas de tomo y lomo. 

Casos mediáticos como la trama Púnica, la Kitchen, los ERE de Andalucía, Acuamed y los condenados por el procés y, otros de no tanta repercusión, puesto que la malversación se da con frecuencia en ayuntamientos pequeños por desvíos de fondos con fines clientelista, donde los corruptos se podrían ver beneficiados por los cambios del Código Penal de la mayoría progresista. 

Pero Sánchez sabe que en año electoral no puede aguantar otro Solo sí es sí: ver día tras día titulares con corruptos que ven sus penas rebajadas y saliendo de la cárcel. Por esa razón, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido un decreto de obligado cumplimiento para los fiscales con el objetivo de unificar criterios, tratando de limitar la posible revisión de condenas a la baja. 

García Ortiz defiende la ley intentando salvarla, diferencia para ello la malversación apropiatoria de la malversación en su modalidad de administración desleal, es decir, cuando haya enriquecimiento personal y cuando no, el argumento usado por la izquierda. En el primer caso, ordena a los fiscales que no haya revisión de sentencias porque la nueva ley mantiene idénticas penas, tanto de prisión como de inhabilitación. En el segundo caso, argumenta que solo cabe una revisión en aquellas sentencias que aborden hechos cometidos a partir de la entrada en vigor de la anterior reforma de la marlversación, el 1 de julio de 2015.

La malversación apropiatoria con el cambio exige ánimo de lucro, y a este respecto el fiscal general cree que se produce cuando la persona actúa con conciencia y voluntad de disponer del patrimonio público como si fuera propio para conseguir una ventaja, destinándolo a fines alejados de la función pública. Es decir, que no se necesita una ventaja patrimonial o un incremento económico personal, dicho en otras palabras, intenta salvar la ley, usando a la contra el argumento socialista que defienden desde el Gobierno y que excarcelaría a los corruptos, en lugar de exigir que se cambie la ley. Esta interpretación de García Ortiz es la misma que la de los fiscales del Tribunal Supremo, que piden que las inhabilitaciones de los líderes del procés se mantengan y que Puigdemont siga procesado por malversación agravada.

En todo caso, la decisión final queda en manos de los jueces.