Nueva humillación para Sánchez, esta vez vuelve a ser el Tribunal Supremo, que ha anulado el Real Decreto por el que el Gobierno acordó el traspaso de las competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad foral de Navarra. 

No olvidemos que este fue uno de los pagos del Gobierno central y del Gobierno regional de la socialista María Chivite a los nacionalistas vascos del PNV y a EH Bildu por facilitar ambas investiduras: la de Sánchez en el Gobierno central y la de Chivite en el foral. PNV y EH Bildu facilitaban las investiduras y, a cambio, el Gobierno expulsaba a la Guardia Civil de Navarra. 

Relacionado

La decisión del Supremo llega por un recurso de la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL), quien denunciaba que la decisión obligaría a abandonar Navarra a 200 agentes, siendo el primer paso para expulsar al Cuerpo de la región. 

Los magistrados concluyen en su fallo que no es posible recurrir al Real Decreto para el traspaso de competencias, puesto que dichas competencias no aparecen reconocidas ni en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) -equivalente al estatuto de autonomía- ni tampoco están amparadas en su "derecho histórico". 

Por lo que Navarra solo podría asumir las competencias "o bien reformando la LORAFNA, o bien mediante una ley orgánica del artículo 150.2 de la Constitución". Así, deciden anular el plan de Sánchez. 

De paso, el Supremo humilla también al Gobierno foral, que había acusado a JUCIL de falta de legitimación activa y que había asegurado que los guardias "estaban satisfechos" con el traspaso, cosa que ha quedado clara que es falsa.