Ayer recogió Hispanidad que el informe entregado por la UCO al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, sitúa al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres en una posición comprometida desde el punto de vista judicial. Primero negó conocer a Koldo, luego tuvo que admitir que tuvo “contactos” con él y ahora la Guardia Civil le ubica en la trama de las mascarillas.

Tal era el vínculo del entonces presidente de Canarias con el asesor del exministro José Luis Ábalos que instó a su gobierno -verano de 2020, en plena pandemia- para que pagara a la empresa Soluciones de Gestión -la del empresario también investigado Víctor de Aldama-, a la que se le habrían adjudicado contratos de mascarillas de forma irregular. “Estoy encima de tu pago”, le escribió Torres a Koldo, tras reclamarle este último, pagos pendientes.

Hablamos, según la investigación, de un total de 12,3 millones de euros que el gobierno canario pagó a Soluciones de Gestión en cuatro contratos, por unas mascarillas cuya calidad era más que cuestionable y no resultó, en ningún caso, la prometida.

Aún faltan por conocerse detalles de un informe que tiene más de 300 páginas. Pero, en el entretanto, Torres ya ha asegurado -siguiendo el manual del Sanchismo, retorcer la realidad para que favorezca tus intereses- que el informe de la UCO afirma, precisamente, que “actuó correctamente” y que no existe ilegalidad alguna.

Hoy se siguen produciendo reacciones a la parte del informe de la UCO difundida ayer. 

Por ejemplo, la del PP, que acusa al ministro de cometer un delito al mentir en una comisión del Senado:

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido su dimisión: "Ángel Víctor Torres no puede seguir siendo ministro de España". "Ha ido a la comisión de investigación del senado y se ha acreditado que ha mentido".