Puigdemont, fugitivo de la justicia española
Con el escándalo que ha estallado en el seno del Sanchismo, denominado 'caso Koldo' (presuntas mordidas en contratos públicos de suministro de mascarillas en plena pandemia de Covid-19) casi nos hemos olvidado de que la ley de amnistía que tramita el PSOE para amnistiar a todos los delincuentes del 'procés' (como pago a ERC y Junts por haberle hecho presidente del Gobierno) sigue su camino parlamentario.
Recordemos que, tras el rechazo de Junts al primer texto presentado por el PSOE, en este momento las negociaciones entre ambos partidos se encuentran prorrogadas hasta el 7 de marzo, cuando deberán entregar el texto definitivo en la Comisión de Justicia para continuar con su tramitación parlamentaria.
El pasado 21 de febrero, Pedro Sánchez declaraba: "Tal y como está el proyecto de ley es plenamente constitucional, está alineado con los estándares de la legislación europea y desde luego cubre todos los supuestos, toda la casuística que involucró a cientos de dirigentes y no dirigentes independentistas en ese año aciago que fue 2017".
Sin embargo, el fugado de la justicia española Carles Puigdemont quiere más garantías de que la ley abarcará a todos los implicados, incluidos los acusados de delitos de terrorismo, es decir, él mismo, que en este momento se encuentra investigado por ese delito por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, en el caso Tsunami Democratic.
Pues bien: fuentes solventes han indicado a Hispanidad que Pedro Sánchez está dispuesto a lanzarle un órdago a Puigdemont: incluir en la ley de amnistía todo lo que el líder de Junts le pida (incluidos los delitos de terrorismo) a cambio de que este se comprometa públicamente a un pacto para toda la legislatura.
Para poder lanzar ese órdago, Sánchez se apoya en el supuesto aval jurídico que otorgaría la Comisión de Venecia (un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional) a su texto para la ley de amnistía. Cosa que le facilitaría mucho las cosas al presidente del TC, el sanchista Cándido Conde Pumpido, para aprobarla…
Ahora bien, en el caso de que Puigdemont no acepte el órdago de Sánchez, este estaría dispuesto a convocar elecciones generales.
En el PSOE creen que todavía no está todo perdido y que de cara a las próximas elecciones europeas (que están previstas para principios de junio, entre los días 6 y 9), contemplan caer del 33% de los votos hasta un 28-29%, aunque lo seguirían viendo como una victoria, y solo considerarían haber obtenido un fracaso si se hicieran con el 25% de los votos…
En este contexto, dos organizaciones sindicales que pertenecen al régimen sanchista, como CCOO y UGT, se unieron a un comunicado emitido por entidades catalanas como la ANC y Òmnium Cultural exigiendo al juez que retire la acusación de terrorismo a Puigdemont.
El manifiesto acusa directamente al juez García-Castellón de prevaricación y de politizar la justicia: "Exigimos que se tomen las medidas necesarias para parar la utilización de la justicia en una nueva persecución política contra las movilizaciones sociales y el ejercicio de derechos fundamentales y que se retiren las imputaciones de terrorismo".
Entre los firmantes de este panfleto (que no respeta la acción de la justicia española porque, ¿saben ellos más que el juez que instruye el caso, que es quien tiene a acceso a las pruebas?) figuran unas 150 entidades y personalidades catalanas.
Se da la circunstancia de que, al mismo tiempo, también ayer, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, se refería así a la ley de amnistía: "Una ley que privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía, nunca podrá ser esgrimida como un elemento de pacificación, sino de discordia".
Durante el acto de jura de los 44 nuevos jueces de la 72ª promoción que se incorporan a los juzgados catalanes, Barrientos añadía que “nadie, ninguna persona, entidad u organización, por poderosa que se pretenda y aunque se escude en los votos, está por encima de ley”, y que ésta debe ser aplicada con carácter general, “sin excepciones ni privilegios, sin espacios de impunidad”.
