Empieza poco bien el año en tema de agua: la vicepresidenta ecológica, Teresa Ribera, ha decidido reducir el trasvase Tajo-Segura, lo que eleva la escasez de recursos de las huertas valencianas y murcianas, y también el precio del agua. Esto supone un premio para el presidente manchego, el socialista Emiliano García-Page; y un castigo para los de Murcia y la Comunidad Valenciana, es decir, para el pepero Fernando López Mirás, y el socialista Ximo Puig, respectivamente.

Todo surge tras la decisión avalada por Ribera de modificar el borrador de decreto del Plan de Cuenca del Tajo para mantener de forma inamovible el incremento de los caudales. Pero no sólo a eso, sin a varias informaciones que apuntan a que el proyecto de real decreto de diversos planes hidrológicos, cuyo borrador aprobará el Consejo de Ministros, no incluye la cláusula que garantiza la continuidad del citado trasvase que se había pactado en el Consejo del Agua celebrado el pasado 29 noviembre.

Puig se ha rebelado. De hecho, ha recurrido al Consejo de Estado dirigiendo un escrito a su presidenta, Magdalena Valerio, pidiéndole que conceda audiencia a la Comunidad Valenciana para conocer la redacción final del proyecto de real decreto de diversos planes hidrológicos. Un paso que necesita para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Además, Puig ha pedido mantener el precio del agua desalada.

Veremos en qué queda todo, pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva.