Según la Ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, y el Gobierno entero de Pedro Sánchez, los datos de empleo son espectaculares, la cosa marcha. Pero claro, España sigue siendo el país con más parados de todo Occidente (de los 38 miembros de la OCDE) y de toda Europa (los 27 países miembros de la Unión Europea). Lo que hace que surjan dudas acerca de las cifras que ofrecen desde Moncloa. 

Como analizamos en Hispanidad hace unos días, al conocer los datos de empleo, podemos afirmar que el empleo no repunta: el paro subió ocho veces más en enero de lo que ha disminuido en febrero. El número de parados bajó en 7.452 personas en febrero, lo que supone un rídiculo descenso de 0,27% con respecto a enero, mes en el que el paro creció en 60.404 personas, es decir, ocho veces más de lo que ahora baja. Con los cotizantes pasa lo mismo, en enero se perdieron 231.250, más del doble de los nuevos cotizantes de febrero. 

Además, en febrero, de los 1.137.407 contratos que se firmaron, 523.445 fueron indefinidos, el equivalente al 46% del total, por lo que la mayoría de los contratos firmados siguen siendo precarios. Del total de contratos indefinidos suscritos, 246.879 fueron a tiempo completo, un 7% más que en 2023, y 132.365 a tiempo parcial, un 9,1% más, y 144.201 fijos discontinuos, un 2% más.

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Es decir, de los contratos firmados que supuestamente son indefinidos, casi 12% lo son a tiempo parcial. Con el salario de un trabajo a tiempo parcial no se puede vivir, aunque estadísticamente figure como un español con trabajo. Y encima, otro 13% son fijos discontinuos, que aunque estén en el paro figuran como trabajadores con contrato.

Además, nos dicen que hay 103.621 nuevos cotizantes, pero al igual que la disminución de parados, esta cifra es gracias a la contratación en el sector servicios. Es más, de esos más de 100.000 cotizantes, 60.000 son del sector de la hostelería y la educación, es decir, empleo precario en el caso de la hostelería y seguramente público en el caso de la educación. 

Pero sin duda el punto más polémico mes tras mes es el dato maquillado por los fijos discontinuos activos e inactivos. Cuando se publicaron los mencionados datos de paro, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, aseguró: "Es un dato, lisa y llanamente que, no podemos ofrecer, como he venido reiterando en ocasiones, pero que no resta ni un ápice de transparencia al sistema de paro registrado que les ofrecemos mes a mes". Así, daba carpetazo a la petición que continuamente se le hace a Yolanda Díaz: que publique los datos reales de fijos discontinuos. Eso sí, cierra el tema no sin antes echar las culpas a las comunidades autónomas: son ellas las que "no depuran" la información desagregada.

Pues bien, a este respecto el Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera, USO, ha asegurado a The Objective que hay elementos para poder dar el dato, con un simple ejercicio partiendo de las cifras oficiales del SEPE, la Seguridad Social y el INE. Según esa sencilla fórmula, en el mes de febrero tendríamos 725.324 fijos discontinuos inactivos, un 97% que en 2022.

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Y es que sí, desde que estró en vigor la Reforma Laboral ha habido un aumento de los contratos indefinidos, pero está estrictamente relacionado con dos hechos. Primero: prácticamente no dejan contratar de otra forma, y segundo, el auge de los contratos fijos-discontinuos. 

Los contratos fijos-discontinuos se utilizan para trabajos que son estables, pero que se desarrollan de forma intermitente en el tiempo. Se trata de un contrato con fecha de inicio pero no de finalización, así se trabaja unos meses, aquellos en los que se concentra el empleo en su sector, y cuando se terminan van al paro, aunque figurarán como demandantes de empleo no desempleados. Es que sí, los empleos temporales han caído pero no todos se han convertido en estables, muchos de ellos se han transformado en ese fijo-discontinuo, que cuenta como fijo pero que es igual de precario o más que un contrato temporal. 

Y es que la chulísima reforma laboral y el Gobierno venden su lucha contra la temporalidad, pero se olvidan de la estacionalidad propia de sectores como la agricultura, la construcción y el turismo. En resumen, se trata de quitar burocracia y reducir el mapa laboral a un sólo contrato, indefinido, con indemnización pactada de antemano y de suprimir las cuotas sociales, que es lo que provoca la economía sumergida.