El Tribunal Supremo no permitirá, por el momento, que los nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática (Ley de Nietos) un coladero por el que Pedro Sánchez pretende regalar la nacionalidad a descendientes de españoles, para que le voten en las próximas elecciones, se aplique.
2,5 millones ya han solicitado el chollo de la nacionalidad españoles y Sánchez ya se lo ha concedido a más de 600.000. Si consideramos que las elecciones se deciden en España por 1 millón de votos, a veces menos, que el PP, ganador de las elecciones de 2023, venció al PSOE por menos de 400.000 votos, no hace falta ser miembro del Supremo para identificar que la maniobra de Sánchez es una manera de permanecer en el poder a cualquier precio.
A la misma conclusión ha llegado el Alto Tribunal, que, de forma cautelar, es decir, antes de entrar en el fondo de la cuestión, ha decidido que los nacionalizados por ese conducto no podrán votar -insisto, temporalmente- en las elecciones, porque los jueces ven un "peligro fundado, real y serio" de que se vulnere la "objetividad" de las elecciones-. Vamos un pucherazo totalmente legal.
En todo caso, la medida es temporal. Pero, en todo caso, Sánchez se ha pasado de listo.
