La semana pasada, un total de 135 magistrados dedicados a la violencia contra la mujer advertían en un comunicado que la ‘Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia’ -que prepara el Gobierno y que entrará en vigor el próximo 3 de abril de 2025- va a tener como consecuencia un "colapso total" en sus sedes judiciales, debido a que tendrían que encargarse también de las causas sobre delitos contra la libertad sexual aunque no exista un vínculo matrimonial o análogo entre el agresor y la víctima.  

En su comunicado, estos jueces advertían el lunes 3 de marzo: "El efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos Juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas". 

Poco después, el pasado sábado 8 de marzo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunciaba a bombo y platillo que el Gobierno va a aumentar en un 50% el número de jueces dedicados a la violencia contra la mujer.

La respuesta de buena parte de las asociaciones de jueces en concreto de tres de cuatro de ellas -la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)-, no se ha hecho esperar.

Así, por ejemplo, en declaraciones a La Razón, la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, ha señalado: "No sabemos de dónde va a salir ese 50% de jueces, salvo que pretenda 'colarnos' por la puerta de atrás a jueces sustitutos". "Este anuncio, como otros, nos pone en alerta porque sin dinero no se crean juzgados ni plazas de juez, y sin criterios objetivos y procesos de selección serios tampoco hay jueces independientes. Así que, con este anuncio, como con otros, confianza la justa". María Jesús del Barco ha añadido: "Nosotros como APM solicitamos la semana pasada al CGPJ que nos informara sobre los trabajos que suponemos está realizando el servicio de inspección (...). Por tanto, sin esos datos y sin el informe del CGPJ, no sabemos de dónde saca el ministro ese 50% que anunció. Salvo que, como imaginamos, haga esa transformación sin un estudio cierto, se limite a un cambio de juzgados de instrucción en violencia sobre la mujer, y traslade el problema de unos órganos judiciales a otros y cause un perjuicio al normal funcionamiento de la Administración de Justicia. Otro más".

Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, ha vaticinado también en declaraciones este medio un "fracaso absoluto" de la medida: "Hacer reformas a coste cero nos dirige hacia un absoluto fracaso. Nos tememos que el aumento de jueces de violencia no pase por aumentar la plantilla de jueces existente, sino por convertir a jueces de instrucción en jueces de violencia. Desvestir a un santo para vestir a otro". "Hay que escuchar a los operadores jurídicos para que el sistema judicial pueda seguir siendo eficaz. A la indignación de los jueces de violencia sobre la mujer por esta reforma, sumamos la de los jueces de instrucción. Y al final, los grandes perjudicados serán los justiciables. Esta reforma provocará un terrible colapso de nuestro sistema judicial".

Asimismo, desde el Foro Judicial Independiente, su presidente, Fernando Portillo, ha declarado a La Razón: "No se trata de mover piezas o de cambiar de sitio los muebles, cuando lo que tenemos en la inmensa mayoría de los juzgados es una grandísima sobrecarga que se paliaría si, efectivamente, fueran a incrementar en un 50%, de verdad, la planta judicial". "Mucho me temo que utilizando precisamente los mecanismos que la ley de eficiencia ha establecido, que son sobre todo mecanismos de flexibilidad a la hora de mover funcionarios, pero también jueces de un sitio a otro, pues se aproveche esta herramienta y se transformen juzgados de instrucción en juzgados de violencia contra la mujer. Estaríamos desvistiendo a un santo para vestir a otro y desde luego esa no es la forma, entendemos, razonable de solucionar un problema".