
Día tras días, la justicia desmiente al Gobierno. Si ayer era con la imputación de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, hoy es el turno del hermano del Presidente.
La jueza Beatriz Biedma ha acordado la apertura de juicio oral por tráfico de influencias y prevaricación contra el investigado David Sánchez. Junto al hermano de Sánchez se sentarán en el banquillo de los acusados el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz reicibió de la defensa de Sánchez un recurso para librarse de la imputación, algo que ha desestimado. En su escrito, la jueza dice sentirse sorprendida por el escrito de Sánchez: "Sorprende a esta instructora, acostumbrada a resolver recursos contra autos de procedimiento abreviado desde hace muchos años, el tono y contenido de los interpuestos en la presente causa". A los recurrentes les reprocha que parecen "olvidarse" de que el procedimiento se encuentra en fase de "instrucción" y no en la fase "condenatoria".
Pese a los argumentos de la defensa, la jueza ve "claros indicios de criminalidad" en lo investigado. En este sentido, cree que la creación del cargo que obtuvo en un primer lugar David Sánchez en la Diputación de Badajoz "no era necesaria y no obedeció a las razones especificadas en la memoria incluida en la ficha de su creación", recordando además las "versiones diferentes y contradictorias" que ha dado Sánchez.
Por otra parte, la jueza da por acreditado que "el puesto fue creado con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez". "Esta circunstancia era conocida en los conservatorios y en el Área de Cultura con anterioridad a que David Sánchez, quien también conocía lo anterior, fuera formalmente contratado para el mismo".
Y señala que "el puesto se fue adaptando a las preferencias personales y aspiraciones profesionales de David Sánchez". Considera que el trabajo de Sánchez "ni se ha prestado de forma habitual en Badajoz, ni ha consistido en las funciones que se hicieron constar en la memoria de la creación de su puesto". Así, el delegado del Área de Cultura, Francisco Martos, y la directora, Emilia Parejo, "buscaron la forma de darle apariencia de legalidad a esa realidad".