Lo lógico sería que los cuidadores de los ancianos o personas con necesidad dentro de una familia fueran miembros de la propia familia o que la familia decidiera cómo se cuida a los suyos. Para esto, el dinero público debe ir a la familia cuidadora.

Pero ya se sabe que el progresismo quiere eliminar a la familia y sustituirla por el Estado, es decir, por la burocracia. Y así, el Gobierno ha logrado aprobar su Ley de Dependencia, para la que ha usado una vieja técnica: vender lo malo escondido en lo bueno. Pasa como en los ODS, ¿cómo alguien se va a oponer a erradicar el hambre en el mundo? Pues bien, los aceptas, y de refilón te cuelo el aborto. Pues lo mismo sucedió ayer miércoles en el Congreso de los Diputados.

El Ministerio de Derechos Sociales lo define como un "antes y un después" en el sistema de cuidados y un paso de gigante hacia un nuevo modelo basado en lo que se denomina desinstitucionalización en la atención a las personas mayores y dependientes, es decir, más tiempo en las casas, menos en las residencias. Más derechos y menos burocracia, con una ley que contempla una ampliación de servicios y prestaciones atendiendo a la situación y circunstancia de cada persona dependiente, con una mayor agilización de los trámites de dependencia y discapacidad.

La norma amplía la ayuda a domicilio a otras funciones como ir al médico o hacer la compra, reconoce la teleasistencia como derecho universal para todos los dependientes, elimina incompatibilidades para que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones y amplía la figura del cuidador para que un amigo o vecino pueda ser reconocido como cuidador no profesional con todos los derechos.

Asimismo, la reforma reconoce la accesibilidad universal como un derecho, de forma que las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o en edificios que sean públicos.

Para todo ello, la financiación del sistema de la dependencia, incorporando en la ley la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión. 

Hasta aquí la parte positiva de la Ley, pero llega el 'estilo Moncloa', los Grupos introdujeron enmiendas en el Senado, el PP hasta 43, alguna fueron directamente vetadas y otras quedaron pendientes de debatir y votar en la tarde de ayer, ¿adivinan? Ninguna salió adelante, y como reconocieron algunos populares, y razón no les faltaba, esas propuestas "enmendaban" a los socialistas. Y ojo, que la excusa que pusieron los de Sánchez fue que las propuestas suponen un aumento de los gastos previstos en las cuentas públicas. Ya saben, no es magia, son sus impuestos, que son de todos, pero van a lo que ellos quieran: asesores, tapicería del Falcón y demás gastos de vital importancia.

La diputada Violante Tomás ha calificado de "inconstitucional". "Qué cobardía impedir el debate de unas enmiendas en las que muchos grupos habríamos estado de acuerdo", ha exclamado durante su intervención, en la que ha denunciado que "el Gobierno más despilfarrador de la historia de la democracia argumenta que ayudar a familias con niños con cáncer es un gasto".

Y el diputado, Rafael Belmonte, junto con Enrique Belda, también diputado popular, ponen un ejemplo de lo que supone ese gasto.

Belmonte y Belda hablan de la CUME (Prestación por Cuidado de Menores afectados por Cáncer u otra Enfermedad Grave) una ayuda económica de la Seguridad Social que compensa la pérdida de salario cuando reduces tu jornada de trabajo (al menos un 50%) para cuidar de forma directa y continua a un hijo enfermo. Gracias a la "histórica" reforma socialista, estos familiares dejarán de recibir la ayuda cuando su hijo cumpla los 26 años, como si desapareciera el problema: "Pedro Sánchez ataca frontalmente a las familias que atienden a sus hijos con graves enfermedades y discapacidad".