Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, decidió enviar la causa a la Audiencia Nacional tras hallar la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional indicios de que hay detrás de la trama una «organización criminal». Y es que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la instancia judicial competente para investigar casos que puedan provocar «grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia» es la Audiencia Nacional. Y también le corresponden delitos cometidos fuera de España «cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles», recordó El Mundo. 

Pues bien: la novedad de hoy en este caso es que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado su instrucción decretando el secreto del sumario, en el que también se investiga a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra; y a Roberto Roselli, CEO de la compañía.

Cabe recordar que ayer, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declaró en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, donde se le preguntó por su vinculación con el rescate a la aerolínea Plus Ultra, vinculación que él negó: "No he tenido nunca relación con Plus Ultra". Sin embargo, reconoció haber cobrado de la sociedad Análisis Relevante "70.000 euros brutos al año, de media" y que enchufó en esa empresa a sus hijas para que llevasen tareas de márketing porque «formaba parte del acuerdo». También reconoció que cobraba incluso por informes escritos y "orales" ya que "mi opinión y mi trabajo vale". 

Además, en algunas de las respuestas, Zapatero mantuvo una actitud opaca: "Tengo derecho a preservar la intimidad de los informes y de las personas con las que trabajé porque todo el que está a mi lado luego es perseguido", respondió. 

Ahora será el juez Calama quien indague en todo esto que, según la magistrada María Esperanza Collazos, ha adquirido una "nueva dimensión”. 

2.- Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) investiga a Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno- por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En este caso, entre otras cosas, el juez sospecha que Cristina Álvarez, la ayudante de Gómez, pagada con dinero público, estaría dedicando su tiempo a realizar gestiones para los negocios privados de la esposa del presidente, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos. Begoña Gómez también aparece en el rescate de Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia por el Covid (noviembre de 2020), que ascendió a unos 475 millones de euros, rescate en el que también pudieron haberse cometido ilegalidades, sobre todo tras las reuniones del empresario Javier Hidalgo con la propia esposa del presidente del Gobierno. 

En relación a este caso, OK Diario publica este martes que Gómez promocionaba su cátedra entre empresarios, en la República Dominicana, como «esposa del presidente Sánchez». 

3.- Caso Koldo: el Tribunal Supremo investiga a Koldo García y a su antiguo jefe José Luis Ábalos -además de al empresario y comisionista Víctor de Aldama- por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico (como mascarillas) durante la pandemia. En este momento, los dos primeros se encuentran en la cárcel por decisión del magistrado Leopoldo Puente, que aprecia un importante riesgo de fuga en ambos. En este caso también está siendo investigado el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Esta última parte del caso Koldo --la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública-- ha sido enviada por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, y está siendo investigado por el juez Ismael Moreno. 

En relación a este caso, El Español ha publicado fotos de la caja fuerte de Koldo Garcia, en la que la UCO de la Guardia Civil halló grabaciones a Ábalos y Cerdán, además de armas y hasta 19 móviles sin conexión a Internet y que utilizaba para evitar los pinchazos telefónicos.  

4.- Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, Antonio Piña; y el del Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que  fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018. 

En este contexto, ha sido noticia hoy que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha desarrollado una serie de registros en Madrid y Zaragoza en las sedes de la empresa Forestalia y que ha detenido a seis personas. 

Cabe recordar que, como una derivada del caso Leire Díez, la empresa Forestalia cobró gran fama hace unos años por ser la gran adjudicataria en las subastas de las energías renovables. En la actualidad está siendo investigada por presunta corrupción.

Y en ese contexto se enmarca el registro de hoy de la Guardia Civil, que investiga si hubo comisiones en la tramitación de las adjudicaciones de proyectos de energías renovables en la provincia de Teruel. Por ejemplo, manipulando resoluciones ambientales para beneficiar, presuntamente, al grupo Forestalia.