Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.- Caso David Sánchez: la jueza de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha instruido el caso que investiga al hermano del presidente del Gobierno por delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, incluyendo prevaricación, tráfico de influencias y malversación, en su contratación por la Diputación de Badajoz. El juicio juicio oral tiene lugar entre los días 28 de mayo y 4 de junio. Durante el juicio, la Audiencia Provincial de Badajoz declaró “prescrito” uno de los delitos de los que se le acusa a David Sánchez, el de "aceptación de nombramiento ilegal", el más leve de ellos. Pero mantiene vigentes los otros, es decir, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, y malversación. En este caso también se juzga al exlíder regional del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, que era presidente de la Diputación de Badajoz cuando ocurrieron los hechos. 

Hoy ha proseguido el juicio oral en la Audiencia Provincial de Badajoz, con la declaración de más testigos. 

Por ejemplo, el del teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil Antonio Balas, que también participó en la investigación de este caso. Este agente se ha referido a la creación del puesto que ocupó David Sánchez: "Lo que nosotros vemos tras nuestra actuación en esta causa es que la necesidad del cargo de puesto directivo no nace en el Área de Cultura (de la Diputación). Vemos que el motor de la fuerza de la creación es el Área de Recursos Humanos. Entendemos que el área de RRHH es transversal a toda la Diputación. Al no partir del área interesada, entendemos que debe de estar en un nivel superior, con una capacidad política. El único que hemos visto relacionado con este puesto es Miguel Ángel Gallardo".

Preguntado Balas por si el puesto se creó para una persona determinada, su respuesta ha sido ésta: "Deducimos, tras todo lo analizado, que es así". El teniente coronel ha añadido que los agentes descubrieron que David Sánchez buscó "alojamiento estable" en Badajoz un mes antes de que le diesen el trabajo: "Nos parece extraño, parece que [el proceso] estuviese predeterminado. (...) Además, existen un periodo de prueba en los cargos de alta dirección, que están vinculados a la continuidad de los presidentes de Diputación". 

En este caso del hermano del presidente del Gobierno también hay que destacar la información de The Objective, según la cual, cargos del PSOE se están haciendo pasar por testigos independientes y se han presentado como «enfermera» o «veterinario».

Y más. Según El Debate, la cloaca amenazó a la jueza Biedma tras procesar al hermano de Sánchez, con mensajes como este «Nunca subestimes a quien no tiene nada que perder». Ese mensaje fue difundido por Javier U., un ayudante de Luis José Sáenz de Tejada, el juez expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia de género, el cual reportaba a Leire Díez.

Este tipo de informaciones nos dan una idea de qué tipo de mafia corrupta ha gobernado España y está "carcomiendo nuestra democracia", como dijo el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón en el juicio por el caso de las mascarillas que tuvo lugar recientemente en el Tribunal Supremo. 

2.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para Begoña Gómez por cuatro delitos y la envía a un juicio ante un jurado popular: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. 

El juez Peinado había citado a Begoña Gómez, a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, el próximo 9 de junio, para una audiencia previa al juicio con jurado popular, advirtiendo que si los tres acusados no acuden a esa cita para "tratar de eludir la acción de la justicia", podrán "ser conducidos por la fuerza pública". 

En un auto dictado ayer martes, y tras la solicitud del abogado de la esposa del presidente del Gobierno, el magistrado ha accedido a retrasar hasta el día 15 la citación. Y vuelve a advertirles de que, si lo seres investigados no aparecen, serán "conducidos (al Juzgado) por la fuerza pública".