Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas, ambas instruidas por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz): A) contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y B) operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar (también investigada en el Caso Koldo). El juez Pedraz levantó el pasado 1 de junio parcialmente el secreto de sumario, excepto en lo relativo a los contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.
Además, el pasado 31 de julio, el juez Pedraz abrió también una pieza separada para investigar los presuntos pagos que realizó el PSOE para financiar las cloacas lideradas por Leire Díez.
Y sobre esto último es sobre lo que ha declarado hoy ante el juez Pedraz la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes, que también está imputada en este caso.
Pues bien: en su declaración ante el juez Pedraz, Fuentes se ha excusado en que ella se limitaba a aprobar la ejecución de los pagos --no es poca cosa-- pero que era Santos Cerdán el que ordenaba los pagos del partido a los implicados en el llamado caso Leire Díez.
También ha defendido que no supervisaba si los trabajos contratados se realizaban realmente y ha desviado la responsabilidad último a Santos Cerdán. Esto es el "sálvese quien pueda.
Cabe recordar que el pasado 10 de julio, el magistrado resumió así las imputaciones a Ana Fuentes: “Su actuación concreta se centra en la emisión de esas posibles mendaces notas de encargo, que supone una concreta y auxiliar intervención, constitutiva de un delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular, en relación con las actuaciones que se investigan y que la sitúa más en la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa”.
Así que reconocer que ella aprobaba la ejecución de los pagos, aunque trate de excusarse, es casi autoinculparse... Veremos qué decide ahora el juez Pedraz.
2.-Caso Begoña Gómez: La mujer del presidente del Gobierno será juzgada por un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 16 de julio confirmó los citados delitos, en los que subsumió los otros dos delitos que le atribuía el juez Juan Carlos Peinado (corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida). Es decir, que la Audiencia Provincial de Madrid no le ha quitado la razón al juez Peinado, sino que se la ha dado. En este caso también están siendo procesados la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Ayer martes, 8 de septiembre, el juez Peinado celebró una vista, un puro trámite procesal, en la que acusaciones y defensa volvieron a exponer sus puntos de vista. El juez se ha tomado unos días de vacaciones y después dictará la apertura de juicio oral con jurado popular y elevará el caso a la Audiencia Provincial de Madrid, quien será quien concrete la fecha del juicio.
Cabe recordar también que, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez Peinado pidió a las partes -a la acusación popular liderada por Hazte Oír, a la Fiscalía y a la Universidad Complutense de Madrid (UCM)- que presentasen sus nuevas peticiones de cara al juicio con jurado popular. Hazte Oír ha pedido 13 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno y seis años para su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Por su parte, la Fiscalía en este caso sigue pidiendo la absolución tanto de Gómez como de Álvarez. Mientras que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha entregado al juez un nuevo escrito en el que pide a la esposa de Pedro Sánchez y a su asistente en Presidencia del Gobierno el pago de 113.509,32 euros, en concepto de responsabilidad civil.
3.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela:
Esta semana han declarado tanto el expresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola como el exCEO de la compañía, Roberto Roselli.
Ambos ratificaron el pago de una comisión del 1% del rescate de la aerolínea (es decir, 530.000 euros de un rescate total de 53 millones de euros) por medio de las empresas de su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez.
Por ello, sorprende que tanto Fiscalía Anticorrupción como el juez José Luis Calama soliciten más pruebas y más información --como las actas de las reuniones con la SEPI-- a ambos, cuando han dejado suficientemente claro el papel de Zapatero en este caso.
-Resumen del caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el pasado 17 de junio, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes". Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez (Julito) --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- también está imputado en el caso por ser el presunto testaferro de Zapatero. Julio Martínez (Julito) declaró ante el juez Calama el pasado 21 de julio, ante el cual ratificó que el expresidente intervino en el rescate de Plus Ultra y remarcó que el expresidente socialista «marcaba los pasos a seguir» en la trama que se dedicaba a blanquear fondos internacionales.
