El Tribunal Supremo paralizó ayer cautelarmente la posibilidad de que los nuevos nacionalizados en virtud de la Ley de Memoria Democrática (hijos de exiliados españoles) voten en las próximas elecciones generales. No obstante, según la prensa de hoy, tiene previsto fallar sobre este asunto en unos tres meses.
"La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado la medida cautelar solicitada en los recursos presentados contra el acuerdo de la Junta Electoral Central, del pasado 16 de julio, en relación a la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en el extranjero de personas a quienes se ha otorgado la nacionalidad española. Los dos autos se notificarán en los próximos días, cuando se incorpore el voto particular de uno de los seis magistrados que han formado la Sala", explicaba el CGPJ en su nota de prensa.
Detrás de la decisión del Supremo de aplicar las cautelares puede que se camufle, seguramente, la posibilidad de que Pedro Sánchez hubiese convocado elecciones para sortear la decisión definitiva del Supremo.
Una decisión definitiva que, en opinión de Jorge Buxadé, miembro de Vox --el partido que junto a Iustitia Europa ha conseguido estas medidas cautelares del Supremo-- seguramente sea "buena para los españoles, porque cualquier fraude electoral es malo. Esa fue la principal alegación que hice en la vista del Supremo, que estaba en riesgo el Estado Democrático. No el Estado de Derecho, la Democracia misma".
Y es que la funcionaria Sofía Puente (hermana del ministro Óscar Puente) fue quien dictó la instrucción que desarrolló la aplicación de la «ley de nietos» en los registros civiles y que estableció una amplia presunción de exilio para los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955. Esa interpretación, que facilitó el acceso a la nacionalidad a numerosos descendientes, es ahora cuestionada ante el Tribunal Supremo. En palabras de Buxadé, "de lo que podrían ser 30 o 40.000 personas como mucho, se convierten en dos millones y medio de peticiones".
En concreto, hasta el momento, se han presentado 2,5 millones de solicitudes de nacionalización, de las que se han concedido unas 570.000.
Hoy El Mundo informa de que la sentencia definitiva de los jueces del Supremo sobre este asunto no se demore más de unos tres meses, ya que el 2027 es año electoral.
Por supuesto, al Sanchismo no le ha gustado nada esta decisión provisional del Supremo. El ministro Félix Bolaños reclamó ayer al Supremo que resuelva el caso «lo antes posible» ya que afecta a «lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto». «La decisión del Supremo no la compartimos».
Y hoy Sánchez ha utilizado su habitual demagogia en la sesión de control al Gobierno, al mentir una vez más: "Aquellos a los que sus a padres y madres les obligaron al exilio ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar".
Y mientras, el PP de Núñez Feijóo, a por uvas, como siempre: ni va a iniciar en el Congreso el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para juzgar a Pedro Sánchez por traición tras la invasión de Ceuta ni se persona en el caso de las nacionalizaciones por la Ley de Memoria Democrática.
Y todo esto es cachondeable para el PSOE, sobre todo si se tiene en cuenta que, en Dinamarca, los socialdemócratas que dirigen el Gobierno -con la primera ministra Mette Frederiksen a la cabeza- han aplicado una política migratoria y de ciudadanía extraordinariamente restrictiva, con la posibilidad legal de retirar la ciudadanía a determinados ciudadanos con doble nacionalidad por razones muy graves de seguridad.
