Como se recordará, Leire Díez es una ‘fontanera’ del PSOE que saltó a los medios cuando se conocieron unos audios en los que se le podía oír urdiendo operaciones de cloaca contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la unidad y el cuerpo que investigan por mandato judicial los casos que afectan al entorno cercano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y contra otros jueces y fiscales.
En concreto, en esos audios se podía escuchar en una reunión a Leire Díez (también estaban presentes el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo) pidiendo a un empresario información comprometedora sobre Antonio Balas, jefe de la UCO, para desprestigiar el trabajo de esta unidad que investiga las causas judiciales relacionadas con el entorno de Pedro Sánchez (su mujer, su hermano, el Fiscal General del Estado, etc).
La semana pasada publicaba La Razón que el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha abierto diligencias para investigar a Leire Díez, tras una denuncia contra ella presentada por la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia.
Además, hay otras tres denuncias contra ella en otros juzgados, pero todavía no han abierto diligencias: el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, por la denuncia de Hazte Oír; el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, por la querella de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC); y el Juzgado de Instrucción número 44 también de Madrid, que asume la de Iustitia Europa.
Además, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid también ha asumido la denuncia de Hazte Oír contra Leire Díez y el exjuez Luis Sáenz de Tejada por intentar sacar de la causa del hermano de Pedro Sánchez a la juez instructora, Beatriz Biedma.
Pues bien: el mismo medio, La Razón, informa hoy de que la Fiscalía de Delitos Económicos ve indicios de delito con la actuación de la «fontanera» del PSOE en la denuncia que le puso Hazte Oír -por delitos como revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias- que recayó en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, cuyo titular Arturo Zamarriego la trasladó al fiscal.
Y ahora, el fiscal opina que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos, por lo que ha pedido al magistrado que abra diligencias previas.
