Desde 1879 el socialismo marxista inició formalmente su andadura en España hasta convertirse, con interrupciones, transformaciones y etapas muy diferentes entre sí, en uno de los grandes protagonistas de nuestra historia contemporánea. Si utilizo para esta crónica una palabra tan severa como corrosivo no lo hago para referirme a quienes han votado o votan socialista, ni siquiera a cuanto de justicia social pudo representar el movimiento obrero, sino a una determinada concepción doctrinal que introdujo en la política española un principio devastador: dividir la sociedad en clases enfrentadas, atribuir a una de ellas una legitimidad histórica superior, y concebir la conquista del poder como instrumento necesario para transformar desde él la sociedad. No es una interpretación de la derecha. Está escrito por los propios socialistas.

El Socialista lo formulaba con extraordinaria claridad en 1886: el partido reconocía el «antagonismo social» y la «lucha de clases» y proclamaba tres objetivos fundamentales: la posesión del poder político por la clase trabajadora, la transformación de la propiedad individual de los instrumentos de trabajo en propiedad común y la reorganización de la sociedad sobre nuevas bases. Años después seguía explicándose que solamente existían dos clases, una opresora y otra oprimida, y que para alcanzar la emancipación resultaba necesaria la conquista del poder político por los trabajadores.

Conviene detenerse en ello porque aquí está la raíz de cuanto vendría después. El socialismo no nació simplemente para lograr una jornada laboral más corta, impedir el trabajo infantil, elevar los salarios o proteger al obrero frente a condiciones en muchos casos verdaderamente injustas. Muchas de aquellas reivindicaciones eran justas y terminaron siendo patrimonio común de las democracias occidentales. Su doctrina iba considerablemente más lejos: establecía una interpretación de la sociedad basada en el conflicto permanente entre quienes poseen los medios de producción y quienes trabajan para ellos. Esa concepción contiene un problema político y moral formidable. Cuando se acepta que una parte de la sociedad constituye la clase explotadora y otra la clase explotada, el ciudadano deja de contemplarse solamente como ciudadano para convertirse antes que nada en miembro de una categoría enfrentada a otra. La convivencia deja entonces de descansar sobre intereses diferentes que deben conciliarse mediante la ley y pasa a explicarse mediante una confrontación que solamente puede desaparecer cuando desaparezca una de las clases.

Cuando se acepta que una parte de la sociedad constituye la clase explotadora y otra la clase explotada, el ciudadano deja de contemplarse solamente como ciudadano para convertirse antes que nada en miembro de una categoría enfrentada a otra.

También cambia la naturaleza del poder. Si las instituciones existentes representan el dominio de la burguesía, conquistarlas no constituye simplemente el derecho democrático a gobernar durante una legislatura. El poder se convierte en el instrumento destinado a modificar las condiciones mismas de la sociedad. Y cuando la legalidad es considerada expresión de un orden injusto, aparece inevitablemente una pregunta extremadamente peligrosa: ¿hasta qué punto debe respetarse cuando impide alcanzar una justicia que se considera históricamente superior? No hubo que esperar demasiado para conocer la respuesta.

El PSOE participó en la huelga general revolucionaria de 1917, cuyo comité estuvo integrado, entre otros, por Francisco Largo Caballero. Aquello demostraba que la acción parlamentaria podía convivir con la utilización de procedimientos insurreccionales cuando las circunstancias políticas parecían aconsejarlo. Pero sería durante la Segunda República cuando esa contradicción alcanzaría su máxima gravedad. El socialismo participó decisivamente en la instauración y gobierno del nuevo régimen desde 1931. Ocupó ministerios, dispuso de una poderosa organización sindical y obtuvo una representación parlamentaria formidable. Sin embargo, tras las elecciones de noviembre de 1933, cuando las urnas desplazaron el poder hacia el centro y la derecha, una parte dominante del PSOE entró en un proceso de abierta radicalización. Tampoco necesitamos interpretar sus intenciones. Basta leer a Largo Caballero. En julio de 1933 afirmaba públicamente que el régimen existente no solamente podía modificarse, sino que debía ser sustituido por otro «socialista, colectivista», y defendía la actuación eficaz de las organizaciones políticas y sindicales obreras para alcanzar aquel cambio. No hablaba un agitador marginal. Hablaba quien fuera ministro de Trabajo de la República que se convertiría posteriormente en presidente del Gobierno.

Llegó entonces octubre de 1934. La entrada de tres ministros de la CEDA en un Gobierno constituido conforme a los mecanismos parlamentarios desencadenó una insurrección preparada por sectores socialistas y obreros que alcanzó su máxima intensidad en Asturias. Hubo armas, dinamita, muertos, enfrentamiento con las fuerzas del Estado y voluntad de derribar por la fuerza una situación política nacida de unas elecciones. Indalecio Prieto reconocería años después su responsabilidad en aquel movimiento. Esto constituye uno de los hechos más graves de la historia del socialismo español porque destruye cualquier interpretación según la cual todos los enemigos de la democracia republicana se encontraban exclusivamente a la derecha. La República tuvo enemigos autoritarios y golpistas en la derecha, sin duda, pero también sufrió la acción revolucionaria de una izquierda que en 1934 se rebeló contra su propia legalidad, desatando un estado de normalidad revolucionaria que acabaría con un golpe militar por parte de la derecha en 1936. Un golpe sobrevenido tras una degradación progresiva de la convivencia, asesinatos políticos, insurrecciones, violencia callejera y extremismos enfrentados.

La República tuvo enemigos autoritarios y golpistas en la derecha, sin duda, pero también sufrió la acción revolucionaria de una izquierda que en 1934 se rebeló contra su propia legalidad, desatando un estado de normalidad revolucionaria que acabaría con un golpe militar por parte de la derecha en 1936. Un golpe sobrevenido tras una degradación progresiva de la convivencia, asesinatos políticos, insurrecciones, violencia callejera y extremismos enfrentados

Después llegaron cuarenta años de dictadura, durante la cual el PSOE apenas mostró signos de vitalidad, siendo el Partido comunista quien abanderase la oposición al régimen de una manera visible. Se viene diciendo que durante esos cuarenta años, el PSOE español gozó de unas vacaciones en la clandestinidad pues apenas mostró un liderazgo en nada. Precisamente por ello adquiere extraordinaria importancia la transformación experimentada por el PSOE durante la Transición. El partido de Felipe González terminó aceptando aquello que el socialismo originario puso en cuestión: la economía de mercado, la propiedad privada, el pluralismo político, la alternancia en el poder y la democracia liberal. En 1979 libró incluso una batalla interna decisiva para abandonar la definición marxista. Felipe González dimitió al no conseguirlo inicialmente y regresó posteriormente fortalecido cuando un Congreso Extraordinario culminó aquella transformación.

Ese PSOE contribuyó decisivamente a consolidar el régimen constitucional nacido en 1978 y gobernó después España durante casi catorce años. Podrán criticársele la corrupción que acabó ensombreciendo aquella etapa, los GAL o una utilización excesivamente partidista de determinados ámbitos institucionales, pero sería falso identificar aquel partido socialdemócrata con el socialismo revolucionario de Largo Caballero. Precisamente por ello resulta más inquietante observar algunas tendencias posteriores. Con José Luis Rodríguez Zapatero comenzó una política mucho más decidida de revisión del consenso histórico y territorial de la Transición; con Pedro Sánchez esa evolución ha alcanzado una dimensión diferente, porque la conservación del Gobierno ha requerido acuerdos con fuerzas independentistas cuya concepción de España contradice principios que durante décadas había defendido el propio PSOE. El caso de la amnistía resulta particularmente revelador. Antes de las elecciones generales de 2023 los socialistas habían rechazado esa posibilidad. Después de ellas, Pedro Sánchez explicó ante su Comité Federal que 56 diputados exigían una amnistía para apoyar la investidura y reconoció que aquella medida constituía una condición para formar un Gobierno progresista. Posteriormente defendió también razones de convivencia y reconciliación, que naturalmente pueden discutirse, pero el orden de los acontecimientos permanece: aquello que políticamente no se aceptaba pasó a aceptarse cuando resultó necesario para obtener los votos que permitían continuar gobernando.

Y aquí aparece nuevamente la cuestión que atraviesa esta crónica desde 1879. No pretendo establecer una comparación simétrica entre Pedro Sánchez y Largo Caballero, ni entre la España actual y la de 1934. Las circunstancias, métodos y objetivos son aparentemente distintos. La continuidad que me preocupa es otra: la tentación de considerar los principios, las instituciones e incluso la propia legalidad desde su utilidad para alcanzar o conservar el poder. Eso es lo corrosivo. No la justicia social. No la protección de los trabajadores. No la sanidad pública, las pensiones o la igualdad ante las oportunidades. Todo ello pertenece ya al patrimonio común de nuestra civilización política y puede ser defendido desde la izquierda, el centro o la derecha. La corrosión comienza cuando una ideología divide previamente a los ciudadanos entre moralmente legítimos y sospechosos; cuando atribuye a unos una superioridad histórica sobre otros; cuando convierte al adversario en enemigo; cuando utiliza las instituciones como instrumentos antes que como límites, y cuando termina creyendo que la bondad proclamada de sus fines permite una flexibilidad con las reglas que jamás admitiría al adversario. España ha conocido demasiado bien las consecuencias de ello.

No pretendo establecer una comparación simétrica entre Pedro Sánchez y Largo Caballero, ni entre la España actual y la de 1934. Las circunstancias, métodos y objetivos son aparentemente distintos. La continuidad que me preocupa es otra: la tentación de considerar los principios, las instituciones e incluso la propia legalidad desde su utilidad para alcanzar o conservar el poder

La tragedia es que ciento cuarenta y siete años después de aquel 1879, todavía no podamos estar seguros de haber quedado definitivamente inmunizados contra la corrosión. Y, por añadidura, a la corrosión le sigue la corrupción a todos los niveles institucionales, hasta proyectar sobre el Gobierno, el partido que lo sostiene y el círculo político y familiar más próximo a su presidente una acumulación de investigaciones, procesamientos y actuaciones judiciales desconocida en nuestra democracia reciente. Ministros y antiguos ministros, secretarios de Organización del PSOE, asesores, cargos públicos y personas directamente vinculadas al poder aparecen alcanzados por causas que investigan presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, contratación irregular o amaño de adjudicaciones públicas. La presunción de inocencia debe respetarse escrupulosamente, pero no puede utilizarse como coartada para negar la dimensión política y moral de unos hechos que, aun pendientes de sentencia en buena parte de los casos, describen un deterioro institucional imposible de ocultar.

El cerco judicial no procede, como pretende hacer creer el Gobierno, de una conspiración de jueces, fiscales, policías, periodistas y adversarios políticos confabulados para derribarlo. Procede de diligencias, informes policiales, declaraciones, documentos y resoluciones dictadas por órganos judiciales distintos e independientes entre sí. Lo verdaderamente corrosivo no es solamente que la sospecha se haya instalado en las proximidades del poder, sino que desde el propio poder se responda desacreditando a quienes investigan, cuestionando a los jueces, atacando a la Guardia Civil, señalando a los medios y presentando cualquier exigencia de responsabilidad como una operación antidemocrática. Una democracia comienza a enfermar cuando el Gobierno deja de dar explicaciones y se dedica a deslegitimar a quienes se las reclaman.

Esa es quizá la última manifestación del viejo mal que ha recorrido esta crónica: la convicción de que el partido encarna una legitimidad moral superior y de que todo aquello que amenaza su permanencia en el poder debe ser considerado ilegítimo. Pero ningún Gobierno está por encima de la ley, ninguna mayoría parlamentaria puede borrar la responsabilidad política y ninguna proclamada superioridad ideológica concede impunidad. Cuando la conservación del poder exige negar la evidencia, proteger a los propios y convertir a jueces, policías y periodistas en enemigos, la corrosión doctrinal desemboca inevitablemente en corrupción institucional. Entonces ya no está en peligro un partido ni un Gobierno. Está en peligro la nación misma.

No puede olvidarse que el propio Pedro Sánchez llegó a proclamar ante el Comité Federal del PSOE: «Vamos a avanzar con determinación, con o sin el concurso del Poder Legislativo». Una afirmación extraordinariamente reveladora en una democracia parlamentaria, porque el Parlamento no es un colaborador circunstancial del Gobierno, sino la representación de la soberanía nacional, el órgano que lo inviste y la institución ante la que debe responder.