Como se recordará, en el contexto de la rebelión civil en España contra la amnistía que va a conceder Pedro Sánchez a los delincuentes del 'procés', el pasado 6 de noviembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, imputó al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, y a la dirigente de ERC Marta Rovira, por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic.

Después de esa imputación, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez (número 2 de la ministra Pilar Llop) hizo unas declaraciones en una entrevista en la emisora de Radio Popular-Herri Irratia, en la que dijo lo siguiente: «Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...».

Es decir, que Tontxu Rodríguez sugirió una posible prevaricación del juez García Castellón contra Puigdemont y Rovira...

Ante esas declaraciones, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional solicitó, por medio de un escrito, amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según informó ayer El Mundo.

En el escrito remitido por el instructor al órgano de gobierno de los jueces, García Castellón recoge que sufre «una perturbación» en su independencia «en la medida que, quien afirma lo anterior, es el titular de la Secretaría de Estado de Justicia, órgano a quien corresponde, entre otras funciones las de apoyo y cooperación con la Administración de Justicia o la promoción de los Derechos Humanos en el ámbito de competencias del Ministerio».

Así las cosas, y según informa hoy El Debate, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se reúne hoy para decidir sobre la solicitud de amparo planteada por el juez García Castellón aunque la mayoría de miembros estaría considerando la necesidad de incoar un expediente de amparo.

A todo esto, en la sesión de investidura de Pedro Sánchez de ayer, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se refirió en estos términos al juez García Castellón: "Para que todo mundo lo entienda, la guerra judicial en este país es un montón de jueces en una sala del Var al servicio de PP y de Vox", ha agregado Rufián, que se ha quejado de varias actuaciones, que, a su juicio, son "ejemplo de esta guerra judicial". Y apuntó directamente al juez García-Castellón: "García Castellón, el mismo juez que aún no sabe quién es M. Rajoy. Que sacó de la cárcel a Ignacio González, que salvó a Cospedal de la Kitchen y que archivó lo del rey. ¡Qué casualidad! Todo esto es guerra judicial y negarlo es como negar que sale el sol y se pone para todos cada día”.

Cabe recordar que el pasado 9 de noviembre, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobaba un duro comunicado que calificaba el pacto  --que contemplaba la amnistía y las referencias a la judicialización de la política-  entre socialistas e independentistas como una «inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes».

La declaración de la Comisión Permanente del CGPJ fue posterior a la declaración institucional del pleno del CGPJ emitida el pasado 6 de noviembre, en la que expresaban, entre otras cosas su "intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España".

Y a todo esto, El Mundo publicaba hoy también que los fiscales que intervinieron en el juicio al 'procés' -Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza- han remitido un escrito al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que le exigen que les defienda de las acusaciones de 'acoso judicial' de PSOE y Junts.

«La intervención de los fiscales en las causas especiales del procés ante el Tribunal Supremo y las de otros fiscales en aquellas causas que se han seguido ante otras instancias judiciales se ha sujetado estrictamente a los principios de legalidad y de imparcialidad, conforme al principio de unidad de actuación, y con el conocimiento y beneplácito de la Fiscalía General del Estado, por lo que el solo hecho de que se arroje la sospecha sobre los fiscales de una actuación ilegal admitiendo que se podría calificar el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias como injusto, desproporcionado y guiado por motivos políticos solo puede entenderse como un ataque a la Institución que debe ser objeto de respuesta inmediata por el fiscal general del Estado como cúspide de la Carrera Fiscal», dicen los fiscales.

Un fiscal general que, por cierto, todavía no se ha pronunciado sobre las acusaciones de PSOE y Junts a los jueces y fiscales sobre 'acoso judicial'. Y es que, "¿de quién depende la Fiscalía?", Sánchez dixit. "Pues eso".
 
Por su parte, los vocales de la Asociación de Fiscales, que representan la mayoría del Consejo Fiscal, pidieron ayer a García Ortiz que fije un Pleno extraordinario para abordar la proposición de Ley de Amnistía, recuerda también El Mundo.