Hace unos días, un tren se vio en medio del incendio de Bejís, con 49 pasajeros a bordo. Ni Renfe ni Adif (empresas públicas que presiden Isaías Táboas y María Luisa Domínguez, ambos nombrados por el Gobierno Sánchez) ni la maquinista recibieron aviso alguno de riesgo o incidente. ¿Quién tuvo la culpa? Por ahora no se sabe, pero ya hay varias investigaciones abiertas… Claro que lo más probable es que nadie pague el pato, menos mal que sólo ha habido heridos, porque podía haber sucedido una gran tragedia.

Según el protocolo, el gestor de infraestructuras ferroviarias (Adif) debe suspender la circulación a petición de los bomberos, Protección Civil, Guardia Civil o la Administración (Gobierno central o Generalitat Valenciana en este caso... y en ambas está el PSOE). Desde el PP ya se ha pedido la comparecencia de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que acudió al homenaje a las víctimas de los atentados del 17-A, pero no a las cercanías del citado incendio. Y el PP valenciano ha pedido la comparecencia de Ximo Puig.

Adif se enteró cuando la maquinista se puso en contacto con el puesto de mando de circulación tras detectar humo y cenizas, y la cercanía del incendio. Esta comunicó su intención de cambiar de cabina y retroceder a la estación de Caudiel. Hubo situaciones de tensión y algunos pasajeros rompieron las ventanas y abandonaron el tren… aunque después fueron recogidos. El balance: cinco sufrieron quemaduras y 11 precisaron de asistencia.

¿Pagarán los responsables? Ya tememos la respuesta.