Hungría todavía puede salvar a Europa: la independencia judicial y la rendición de cuentas

Sr. Director:

Cuando un país entra en la Unión Europea (UE), se compromete a respetar reglas fundamentales que constituyen el núcleo del Estado de derecho: independencia judicial, separación de poderes y garantía de derechos fundamentales. Sin estos pilares, los mecanismos de supervisión y control sobre los fondos europeos pierden sentido.

La separación de poderes no es un detalle técnico: si el Ejecutivo puede influir sobre el Judicial, se abre la puerta a la manipulación de investigaciones sobre corrupción, malversación de fondos europeos o casos sensibles de interés público. Por ello, la UE introdujo el Mecanismo de Condicionalidad, que condiciona la entrega de fondos a que los Estados miembros respeten el Estado de derecho.

Al adherirse, la UE toma una “fotografía” de las garantías democráticas de cada Estado. A partir de ese instante, cualquier retroceso debería ser sancionado, pues socava la confianza entre Estados miembros y la integridad de la Unión.

2. Estándares internacionales de un óptimo Estado de derecho

Diversos organismos internacionales definen criterios para evaluar la fortaleza de un Estado de derecho:

1. Separación efectiva de poderes

   • Comisión de Venecia del Consejo de Europa (Comisión de Venecia): al menos la mitad del órgano de gobierno judicial debe ser elegida por jueces.

   • El Ejecutivo y el Legislativo no deben interferir en la selección ni en la actuación de jueces y fiscales.

2. Independencia y profesionalización judicial

   • Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO): órganos disciplinarios judiciales autónomos; promoción y sanción basadas en méritos, no en política.

3. Transparencia institucional y rendición de cuentas

   • Transparency International y la Organización de las Naciones Unidas (ONU): decisiones sobre nombramientos, presupuestos y procedimientos disciplinarios deben ser públicas.

   • Canales seguros de denuncia para ciudadanos y funcionarios, protegiendo a los denunciantes de represalias.

   • Presentación anual de Presupuestos Generales del Estado (PGE), programas de gobierno con objetivos, medios y procedimientos, y mecanismos de fiscalización independientes.

4. Prevención y persecución efectiva de la corrupción

   • GRECO y OCDE: legislación anticorrupción estricta, sanciones efectivas, control sobre contratos públicos y fondos europeos.

   • Unidades de investigación autónomas e imparciales.

5. Acceso a la justicia y protección de derechos fundamentales

   • ONU y el Consejo de Europa: recursos efectivos ante decisiones arbitrarias, plazos razonables y juicios imparciales.

6. Cumplimiento de la legislación comunitaria e internacional

   • Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): respeto a Tratados, Reglamentos y Directivas de la UE; retrocesos en independencia judicial son infracciones graves.

7. Protección de denunciantes de corrupción (whistleblowers)

   • Sin protección legal y práctica efectiva, los ciudadanos y funcionarios temen represalias. España sigue sin legislar ni garantizar protección efectiva, lo que limita la transparencia y perpetúa la impunidad.

8. Responsabilidad de funcionarios y cargos electos

   • Instituciones históricas como el juicio de residencia (vigente durante siglos en España) permitían auditar la gestión de cargos públicos y sancionar irregularidades. Su desaparición ha dejado impunidad frente a la mala gestión.

   • Es urgente crear y aprobar una ley de responsabilidad de funcionarios y cargos electos, que sancione corrupción, abuso de poder y negligencia.

3. Europa y Hungría: el doble rasero de la UE

Hungría ha sido sancionada por supuestos retrocesos en el Estado de derecho. Juan Fernando López Aguilar, entonces presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, impulsó la suspensión temporal de fondos comunitarios alegando retrocesos judiciales.

Según analistas, el verdadero motivo podría ser político:

• rechazo a políticas feministas, de género y LGTB impuestas por Bruselas,

• control de la inmigración irregular,

• defensa explícita de su identidad cristiana,

• protección de la familia autóctona,

• enfrentamientos con George Soros.

El argumento jurídico del “retroceso del Estado de derecho” podría haber servido de pretexto. La felicitación navideña del Gobierno húngaro de 2025 denunció una condena de un millón de euros diarios, ilustrando el carácter punitivo de la sanción.

4. España y la dependencia política del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

En España, la independencia judicial ha sido erosionada sistemáticamente. El bloqueo en la renovación de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevó al Partido Popular (PP) a solicitar mediación europea. El 25 de junio de 2024, la Comisión Europea avaló un reparto político:

• 10 vocales progresistas (8 del Partido Socialista Obrero Español - PSOE, 2 de Sumar)

• 10 conservadores (propuestos por el PP)

Este acuerdo convierte al CGPJ en dependiente directo de los partidos políticos, contraviniendo estándares internacionales de independencia judicial y separación de poderes. La Comisión Europea reconoció la irregularidad y otorgó seis meses para proponer una solución.

Dos propuestas enfrentadas surgieron:

1. Progresista: mantener la elección parlamentaria de los 20 vocales.

2. Conservadora: 12 de los 20 vocales elegidos por jueces y magistrados entre sus pares.

El dictamen de la Comisión de Venecia (10 de octubre de 2025) respaldó la segunda opción, reafirmando la necesidad de garantizar al menos la mitad de vocales independientes.

5. Retrocesos históricos y deterioro institucional del Estado Español

Al firmar su adhesión en 1985, España cumplía con el artículo 122.3 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 1/1980, que establecían que 12 de los 20 vocales del CGPJ debían ser elegidos por jueces. Sin embargo, el 1 de julio de 1985 se aprobó la “Enmienda Bandrés”, otorgando al Parlamento la elección de todos los vocales. Uno de los gobernantes de la época pronunció la frase: “Montesquieu ha muerto”.

Resumen histórico:

• 1985 (hasta 1 julio): 12 de 20 vocales elegidos por jueces.

• 2024: 20 vocales repartidos entre Gobierno y oposición.

Además, el Estado Español lleva tres años sin presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE) al Congreso de los Diputados, sin programas de gobierno con objetivos concretos, temporalización, exposición de medios y procedimientos, ni rendición de cuentas. No se hace previsión de gastos ni de ingresos, y ningún organismo independiente puede supervisar ni fiscalizar los gastos, tanto de lo recaudado internamente como de los fondos europeos. España es un caso único en la UE, con un gasto arbitrario y caprichoso, tolerado por la Comisión Europea y, según analistas, con la complicidad tácita de Ursula von der Leyen y otras autoridades europeas.

6. España en los rankings internacionales

Durante la última década, España ha descendido alarmantemente en indicadores internacionales:

• Transparency International / Índice de Percepción de la Corrupción (CPI): retroceso significativo.

• World Justice Project / Rule of Law Index (Índice del Estado de Derecho): deterioro en independencia judicial y control del poder político.

• GRECO / Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa: alertas sobre debilidad de órganos de control y supervisión judicial.

No solo la elección del CGPJ afecta la percepción: la amnistía a los golpistas separatistas catalanes, los múltiples pleitos judiciales en los que está implicado el Gobierno y sus aliados, y la arbitrariedad en el manejo de fondos públicos refuerzan la sensación de retroceso institucional.

7. La Comisión Europea y su complacencia

La Comisión Europea, dependiente de alianzas políticas con el Partido Popular Europeo (PPE), Renew y el Partido Socialista Europeo (PSE), liderado por España, ha mostrado tolerancia frente al deterioro institucional español, mientras actúa con severidad hacia Hungría. La designación de Teresa Ribera como todopoderosa vicepresidenta refleja el peso político español, aun con prácticas que contravienen los Tratados.

8. Antecedentes: la cadena de mando (2004–2023)

Entre 2004 y 2023, se creó una cadena de mando que permitió al Ejecutivo influir en el Judicial:

• Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, integrado en el CGPJ y dirigido por cargos gubernamentales.

• Presidencia de Montserrat Comas en el Observatorio y luego en la Comisión Disciplinaria del CGPJ.

La Comisión Disciplinaria, encargada de sancionar a jueces, se convirtió en un instrumento indirecto del Ejecutivo. Tras la condena del TJUE a Rumanía en 2023 por un problema similar, España reemplazó a la presidenta del Observatorio, pero la estructura política sobre el CGPJ permaneció intacta.

9. La situación actual y sus riesgos

Hoy, el CGPJ sigue politizado: 10 vocales controlados por el Gobierno y 10 por la oposición. La Comisión Disciplinaria está formada por 7 vocales (4 progresistas, 3 conservadores).

La independencia judicial en España está comprometida, lo que permite plantear un recurso por omisión ante el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) contra la Comisión Europea por no defender los Tratados. El riesgo: corrupción, mala gestión de fondos europeos y erosión institucional con repercusiones sobre economía y cohesión europea.

10. Europa hoy: pérdida de peso económico y político

Desde 1985, cuando España e Italia tenían un peso económico relevante en el mundo, la situación ha cambiado drásticamente. Hoy, China e India representan más del 25 % del poder económico global, y Estados Unidos mantiene su liderazgo tecnológico y financiero. Europa, en cambio, ha visto reducir su influencia relativa, agravada por Estados miembros que erosionan sus propias instituciones.

Las consecuencias para los ciudadanos europeos son tangibles:

• Coste de vida creciente: el aumento de precios en suministros energéticos, alimentos y servicios básicos refleja la incapacidad de los gobiernos para gestionar con eficiencia y previsión.

• Leyes improvisadas y sin consenso: la fragmentación política y la debilidad institucional permiten aprobar normativa sin planificación ni control, afectando directamente a empresas y ciudadanos.

• Falta de herramientas de control ciudadano: la ausencia de rendición de cuentas, presupuestos claros y fiscalización independiente reduce la capacidad de la sociedad civil para supervisar la acción del Gobierno.

• Desigualdad y vivienda inaccesible: la incapacidad de políticas coherentes de vivienda y empleo genera burbujas inmobiliarias y desigualdad social creciente.

• Polarización social inducida: la instrumentalización política de la justicia, los medios y las ayudas sociales fomenta la fragmentación interna, debilitando la cohesión de la UE.

Europa corre el riesgo de perder relevancia no solo económica, sino también política y estratégica, si tolera que Estados miembros como España socaven sus instituciones y debiliten la confianza mutua entre países.

11. Hungría como posible salvación de Europa

Hungría, sancionada por supuestos retrocesos en el Estado de derecho, podría convertirse paradójicamente en garante de los principios europeos. Su caso permite denunciar que el Estado Español mantiene un CGPJ completamente politizado, un gobierno que actúa sin presupuestos, sin planificación, sin control ni rendición de cuentas, gasta arbitrariamente fondos nacionales y europeos, y protege solo intereses políticos.

Dos alternativas se presentan:

1. Liberar los fondos retenidos a Hungría, corrigiendo un doble rasero.

2. Exigir inmediatamente al Estado Español que cumpla con su Constitución y la Ley Orgánica 1/1980, restaurando:

   • independencia judicial,

   • rendición de cuentas,

   • protección de denunciantes de corrupción,

   • restauración del juicio de residencia,

   • aprobación de una ley de responsabilidad de funcionarios y cargos electos.

12. Riesgos futuros

Si España continúa con este deterioro institucional:

• aumentarán los casos de corrupción y mala gestión de fondos europeos,

• se pondrá en riesgo la economía española y la estabilidad de la UE,

• los ciudadanos quedarán desprotegidos frente a decisiones arbitrarias del poder político.

Europa necesita actuar ahora para evitar un colapso institucional que podría contagiarse a otros Estados miembros.

13. Posibles vías de actuación

Entre las medidas que Hungría o actores europeos podrían impulsar:

1. Recurso de la Fiscalía húngara ante tribunales europeos.

2. Planteamiento en el Parlamento Europeo por partidos húngaros.

3. Cuestión prejudicial ante el TJUE por el Poder Judicial húngaro.

4. Solicitud formal del Gobierno húngaro a la Comisión Europea.

5. Acción de grupos europeos como Patriots en el Parlamento Europeo.

Estas iniciativas podrían obligar al Estado Español a restaurar la separación de poderes, la independencia judicial, la rendición de cuentas y la protección de denunciantes, reforzando el Estado de derecho.

Conclusión

Europa enfrenta un dilema de coherencia: Hungría es sancionada por proteger su identidad y su estructura institucional, mientras el Estado Español mantiene prácticas que vulneran la independencia judicial, gasta de manera arbitraria fondos nacionales y europeos, no protege a los denunciantes de corrupción y carece de mecanismos históricos de control como el juicio de residencia.

Paradójicamente, Hungría podría convertirse en la salvadora de Europa, forzando a la UE a aplicar los principios que proclama, restaurando la independencia judicial, la transparencia y la rendición de cuentas, y evitando que el deterioro institucional español desestabilice a toda la Unión.