«Cada vez que te encuentres del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar»

. Mark Twain.

La verdad no necesita consenso.
El consenso, cuando es falso, es necesario cuestionarlo.

España, el Régimen de la Igual-Da degenerada: veinte años de ingeniería social, manipulación estadística y disciplinamiento público en España

Hay épocas históricas en las que un Estado deja de proteger derechos para convertirse en una maquinaria de intimidación moral y beneficio burocrático. Hoy, en la España del siglo XXI, ese punto de inflexión está marcado por un entramado legal, institucional, mediático y presupuestario que opera bajo un paraguas aparentemente noble: la defensa de las mujeres. Pero basta examinar datos, cronologías, incentivos, estadísticas policiales, estudios académicos y la represión creciente del disenso para ver que el problema no es jurídico, ni penal, ni social; el problema es ideológico. El “feminismo tóxico”, convertido en doctrina oficial del Estado, ha alumbrado un sistema completo de poder.

No es posible entender este fenómeno sin reconocer tres pilares:

  1. la fabricación política del consenso,
  2. la asimetría legal sistemática y
  3. la represión pública del disidente, protagonizada en primera línea por los aparatos culturales y mediáticos.

En este último punto, el caso más paradigmático es la persecución a Juan Soto Ivars por su libroEsto no existe. Un ensayo que, simplemente por hablar de hechos verificables –la existencia de denuncias falsas, la presión institucional para negar su frecuencia, el linchamiento organizado del que cuestiona dogmas– provocó protestas coordinadas, gritos en bibliotecas y el acosador mantra de “machista, fuera de nuestros espacios”, dirigido a alguien que se limitaba a presentar un libro. La realidad igualitaria del feminismo tóxico es ésta: quien exhibe datos incompatibles con el dogma es convertido en apestado público. El objetivo no es rebatirlo, sino destruirlo moralmente.

El origen del régimen: de Aznar a la LVIOGEN del 2004

Conviene recordar que el proceso no empieza, como se repite desde ciertos sectores, con Zapatero. Las órdenes de alejamiento respecto de eso que llaman «violencia de género» fueron introducidas y reguladas bajo el gobierno del Partido Popular, con José María Aznar como Presidente. Fue la primera grieta: la de aceptar la excepcionalidad penal y la inversión de carga de la prueba. Aquello abrió la puerta al resto.

Más tarde, el 28 de diciembre de 2004, día de los Santos Inocentes, el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Desde ese momento, España dejó de ser un Estado de derecho estricto para convertirse en un régimen de apartheid, de asimetría civil y penal. Y no en abstracto:

Desde la entrada en vigor de la LVIOGEN, más de tres millones de varones españoles han sido denunciados. De ellos, solo alrededor del 20% terminaron condenados, y la mayoría mediante sentencias de conformidad, resultado de la presión combinada de fiscalía y abogados del llamado “turno de oficio de género”. La práctica habitual consiste en ocultar al denunciado las consecuencias futuras: pérdida de custodia, alejamiento de los hijos, inscripción en bases de datos de «maltratadores», antecedentes que impiden acceso a empleos públicos, y un largo etcétera.

Mientras tanto, las denuncias falsas prácticamente no se persiguen, pese a que los cuerpos policiales, el Ministerio del Interior, el Instituto Reina Sofía, informes europeos y múltiples estudios técnicos han señalado reiteradamente la existencia estructural del problema. La narrativa oficial insiste en que representan “el 0,006%”, una cifra sin fundamento estadístico serio, porque se obtiene solo de condenas firmes por denuncia falsa, en un contexto en el que fiscales y jueces tienen instrucciones internas para no perseguirlas, dado que hacerlo “desincentivaría la denuncia”.

El resultado es evidente: una cifra monstruosa cuya magnitud real conocemos por la enorme distancia entre denuncias y condenas, por las detenciones en frío a las 3:00 de la madrugada de cualquier día, o el encarcelamiento -ilegal- durante el fin de semana completo, violando el derecho constitucional al habeas corpus, y el uso como medio de extorsión de la mencionada ley en procesos de separación…. y también por los estudios internacionales comparados.

El negocio institucional y la industria de género

Hoy, en 2025, el Ministerio de Igual-Da se ha convertido en la estructura administrativa más expansiva del aparato estatal. Gestión de subvenciones, consultorías, observatorios, cursos de reeducación, asociaciones satélite y ONGs que viven completamente de fondos públicos: un ecosistema económico basado en la perpetuación del problema, no en su resolución.

Mientras tanto, ocupaciones y prioridades reales del Ministerio revelan su enfoque: campañas de propaganda ideológica, reconfiguración de currículos escolares, comités lingüísticos y guerras culturales. Todo salvo lo esencial: evaluar políticas, verificar datos o corregir fallos sistémicos.

A esto se suma una chapuza monumental: las pulseras geolocalizadoras. Presentadas como medida estrella, puestas en funcionamiento con prisas, incapaces de cubrir el territorio ni de garantizar precisión, han generado fallos continuos… sin que eso haya producido un aumento de mujeres violentadas o asesinadas. La conclusión es incómoda: millones de euros gastados en un dispositivo que no altera la realidad, porque muchas supuestas víctimas no estaban en peligro real. De hecho, en numerosos casos, lo que sí ha disminuido es la estrategia de acercarse voluntariamente al supuesto agresor para provocar una detención por quebrantamiento, dado que las órdenes de alejamiento no son recíprocas. Esto, insisto, estaba ya previsto desde la regulación aprobada con Aznar.

La violencia no es unidireccional: veinte años de ocultación deliberada

El feminismo tóxico insiste en que la violencia en pareja es un fenómeno unidireccional (mejor dicho, de un sólo sentido): hombre violento, mujer víctima. Pero la evidencia científica internacional, revisada durante décadas, demuestra lo contrario. El estudio Violencia doméstica: 500 razones contra un prejuicio compila más de 500 investigaciones que muestran que la violencia en la pareja es de doble sentido y simétrica, incluso ligeramente más frecuente en sentido mujer-hombre en relaciones jóvenes.

No es un panfleto, sino una recopilación de estudios revisados por pares. Su principal crimen es no aceptar la ficción ideológica. Y por eso fue silenciado.

El portal ProJusticia lo resume con crudeza: desde que el Estado adoptó una perspectiva de género obligatoria, se negó la realidad empírica en favor de un prejuicio. Cuarenta años negando lo evidente y castigando a quien osara ponerlo en duda.

La consecuencia es doble:

  1. miles de hombres convertidos en victimarios sin prueba alguna,
  2. miles de mujeres, verdaderas víctimas, desatendidas porque el sistema no distingue casos graves de los fabricados artificialmente.

La represión del disidente: Soto Ivars y el cerco cultural

La negación sistemática del fenómeno de las denuncias falsas constituye una forma de pedagogía del miedo. Si admiten su existencia, aunque sea marginal, el edificio completo de la ideología de género se desmorona. Por eso deben negar incluso la posibilidad teórica. Por eso el que menciona el problema es atacado como enemigo del pueblo.

La experiencia de Soto Ivars lo demuestra. Al presentar un libro que simplemente reconoce hechos comprobables, se encontró con treinta activistas gritando e impidiendo su acto en una biblioteca pública. Gente que ni siquiera se había leído el libro. Gente que, en nombre de la igualdad, practica la censura. Gente que exige que las bibliotecas sean espacios ideológicamente puros.

Ese es el clima: si te apartas un milímetro, eres un apestado. Si cuestionas la versión oficial, eres cancelado. Si hablas de datos, eres enemigo. Si pides simetría legal, eres cómplice. El feminismo tóxico ha creado un sistema disciplinario completo.

El Estado penal emocional: estructura, incentivos y consecuencias

La LVIOGEN no es una ley penal: es un sistema de gobierno. Opera mediante:

• asimetría judicial
• asimetría policial
• asimetría procesal
• asimetría presupuestaria
• asimetría mediática
• asimetría moral

Y lo hace generando incentivos directos: existen beneficios económicos, sociales, procesales y judiciales ligados a denunciar. Existen unidades policiales formadas para interpretar cualquier conflicto como violencia machista. Existen observatorios que solo reciben fondos si confirman el relato oficial. Existen cursos obligatorios, consultorías públicas, asociaciones que viven de la subvención y universidades cuyo prestigio depende de la adhesión ideológica.

La gran pregunta es: ¿quién gana?

La respuesta es tan simple como incómoda:
gana un Estado que ha descubierto en la ingeniería emocional una forma de control social mucho más eficaz que cualquier aparato de censura tradicional.

Un país fracturado, un derecho penal inestable y una población disciplinada

En este contexto, la represión de la disidencia masculina y la infantilización del discurso público forman parte de una misma estrategia: disciplinar al ciudadano bajo la amenaza constante de ser denunciado, cancelado o reducido penalmente por una simple acusación.

El resultado es que, hoy, más del 25% de la población reclusa masculina en España está privada de libertad por aplicación de leyes de género, la mayoría de las veces sin pruebas sólidas pues, basta con la versión de la mujer supuestamente violentada para condenar al supuesto maltratador en caso de falta de pruebas (violándose de forma sistemática el derecho a la presunción de inocencia consagrado en la Constitución Española de 1978), en un contexto procesal desequilibrado y marcado por la presunción invertida.

A esto se suma el silencio cómplice del Partido Popular, cuyos dirigentes, incluidos los futuros oligarcas de VOX cuando militaban en el PP, callaron cuando se construyó el régimen, apoyaron su consolidación y hoy lo critican solo de manera tibia, “con la boca chica”.

Y, ya para terminar… la verdad no depende del consenso

Habrá muchos que habiendo llegado hasta aquí, se preguntarán con razón: ¿desde cuándo la verdad tiene relación con el consenso?
Respuesta: desde nunca. El consenso es un instrumento político, no un criterio epistemológico.

Cuando un Estado necesita prohibir el debate, silenciar estudios, manipular cifras, bloquear actos culturales y convertir a millones de hombres en presuntos agresores, no está defendiendo a nadie. Está defendiéndose a sí mismo.

El feminismo tóxico no protege a las mujeres. Protege una estructura de poder. Alimenta una industria que depende de mantener vivo el problema. Y opera mediante el miedo, la división y la censura.

España vive hoy bajo un régimen emocional que ha sustituido la razón por la consigna, la evidencia por la propaganda y la justicia por la ideología.

Y cuando un Estado necesita encarcelar ideas para sostener leyes, perseguir disidentes para sostener relatos, y convertir a media población en sospechosa para sostener su autoridad, ya no estamos ante un conflicto político:
estamos ante un estado fallido, ante una nación enferma...