- Las reformas energéticas fueron un cortafuegos necesario contra los excesos.
- Pero a un fondo especulativo, que mira siempre a lo suyo, todo le parece caprichoso (hasta la rentabilidad razonable).
- Tampoco les importa la viabilidad de un sistema eléctrico, como el español: sólo miran la pasta.
- Menos mal que los laudos de arbitraje sirven también para amparar una política racional que protege al consumidor.
- El Estado se defiende, en buena lógica, sobre todo cuando tiene una jurisprudencia que debe conocer el inversor.
El
principio clásico de causalidad establece algo tan sencillo como que todo efecto tiene una causa. Clásico y de ahora también, porque ni ha perdido vigencia y sigue ayudando a explicar mucho de lo que ocurre en
ámbitos económicos y de otra índole. Pero estas líneas no van de antropología, sino de las
subvenciones prometidas a las
energías renovables, allá por los años 2007 y 2008, y el desaguisado posterior (sobre todo en
fotovoltaica y
solar) que provocó esa
política impulsada por Zapatero.
Efecto y causa, por tanto, en esa realidad, de la que informamos el lunes a raíz del
laudo de la Cámara de Comercio de Estocolmo, que tumbó los argumentos de los fondos extranjeros por el recorte de las primas. Y entre el efecto y la causa, el remedio, que según ese laudo fue "una política racional que era, guste o no guste, la de proteger al consumidor".
Con el principio de causalidad en la mano, el
disparate consistió en prometer unas
primas desproporcionadas a las energías renovables, cuyo efecto fue la entrada en túnel que comprometía la viabilidad del
sistema eléctrico español.
Ese efecto se convirtió a su vez en la causa para poner remedio a esa situación, mediante una serie de correcciones, primero con el ministro
Miguel Sebastián (2010),
colega del propio Zapatero, y después con el ministro
José Manuel Soria (2013-2014). Se llegó así al equilibrio de la
"rentabilidad razonable" de 7,39%. Nada que ver, por tanto, con la situación anterior, con rentabilidades por encima del 20% y durante 20 años prorrogables a otros 20.
Un despropósito en toda regla, básicamente, porque se convertía en una bomba de relojería por el abultado
déficit de tarifa que pagan los
consumidores en el
precio de la luz.
Ahora bien, el desarreglo de esa
bicoca (ganar mucho con poco) -siempre dentro del principio de causalidad- provocó la situación en la que nos encontramos en este momento, con dos polos enfrentados: el
Estado, en defensa del consumidor, y los
fondos extranjeros, ávidos a encontrar cualquier resquicio legal en defensa de sus intereses económicos, fruto -como tantas veces- de las oportunidades especulativas.
No es poco lo que anda en juego porque hay unas 40 reclamaciones en curso por la vía de arbitraje en las que se reclaman, de momento, unos 7.000 millones de euros.
¿Con qué fundamento? El laudo de la
Cámara de Comercio de Estocolmo deja bastante claro que las
reformas energéticas eran necesarias para proteger al consumidor y enumera, en ese sentido, las razones para hacerlo, dentro de la
Ley del Sector Eléctrico, y la jurisprudencia sellada por el
Tribunal Supremo, que debían conocer los inversores. En suma, deja indemnes los pilares de la reforma energética.
Por ese motivo,
Isolux o
Elecnor recurrieron fuera de España -o lo que es lo mismo, los fondos extranjeros con los que iban- porque dentro de España no es posible recurrir.
Sorprende, por último, la realidad y el eco de esa realidad.
La realidad es la que les hemos contado y el eco de esa realidad, distorsionada, es la campaña mediática de los fondos especulativos afectados, que pone a España a la altura de una
república bananera que se salta cuando le da la gana la
seguridad jurídica (así le ocurrió a
Repsol con la expropiación argentina de
YPF o a
Gas Natural con
Electricaribe).
No es así. Y como ya les contamos, incluso el fondo británico Eiser, pidió al
Ciadi (el organismo de arbitraje del
Banco Mundial), que la factura de la luz se elevara sin límite para que ellos tuvieran una rentabilidad de dos dígitos. En otras palabras, le echaba un morro espectacular, al margen del consumidor, que es al final el que lo paga.
Rafael Esparza
